La aprobación del aborto es un triunfo significativo para demócratas y libertarios. No sólo devuelve autonomía al cuerpo femenino, sino que abre una fisura en la hegemonía del régimen de injusticias. Es una derrota ideológica de la clase dominante, que trasciende el tema de la mujer y favorece al conjunto de la sociedad chilena.

Antonio Gramsci, destacado teórico y político italiano, nos enseñó que la permanencia del capitalismo se explica no sólo por el uso de la violencia de la burguesía, sino por la instalación de sus concepciones, valores y creencias. Su aceptación regula el comportamiento del conjunto de la sociedad y, en esas condiciones, la minoría no necesita sólo de la fuerza del Estado para imponerse a la mayoría. La burguesía impone así su hegemonía ideológica y gracias a ella facilita la reproducción económica y política del sistema capitalista.

La larga lucha en favor del aborto en Chile puso de manifiesto las diferencias ideológicas entre las mujeres defensoras de la libertad y los conservadores, protectores del modelo que sobreexplota la fuerza de trabajo y que también ejerce el dominio sobre los cuerpos. La aprobación del aborto en tres causales es entonces una fisura a la hegemonía cultural conservadora, que acompaña a la economía neoliberal y al régimen político de libertades restringidas.

La lucha por los derechos de la mujer es un tema transversal, como la de los homosexuales y la defensa del medioambiente. Sectores de clase muy diversos se identifican con estas reivindicaciones. Se trata de luchas justas, que los promotores de la igualdad y derechos humanos tienen la obligación de apoyar. Sin embargo, para desafiar el sistema no basta la lucha cultural.

La base material de las desigualdades en Chile radica en el modelo económico y su fundamento político se encuentra en las restricciones contenidas en la Constitución de 1980. En estos dos planos se encuentran los desafíos pendientes para debilitar la hegemonía de la clase dominante y construir un proyecto alternativo, que luego pueda convertir en gobierno.

La organización política que tenga la audacia de liderar la transformación del país no puede concentrar sus esfuerzos en las cúpulas, sino tiene que construir un sólido anclaje en el mundo popular, allí donde se encuentran los sectores más explotados de nuestro país. Con el descrédito de la política no basta que la propuesta transformadora se agite en el parlamento, en los medios de comunicación o en las redes sociales.   

En el ámbito económico, desafiar la hegemonía neoliberal exige apelar al proletariado urbano y rural y a los pobladores de las zonas marginales. Las clases subalternas en Chile se encuentran disgregadas y se precisa articularlas. Razones estructurales y una legislación favorable a los intereses empresariales dificultan su organización.

La construcción del sujeto popular que desafíe el neoliberalismo se debe extender a los pequeños empresarios y a los consumidores pobres, porque también se encuentran expoliados por el gran capital, especialmente por la banca y el comercio.

Desde hace cuarenta años unos pocos grupos económicos tienen la iniciativa. Han acumulado inéditas riquezas, gracias al control que ejercen sobre los hacedores de la política económica y a la corrupción de parlamentarios que elaboran leyes para su conveniencia. En consecuencia, hacer el contrapeso al poder empresarial no es cosa fácil.

Un proyecto político transformador exige la construcción de un bloque social conformado por los trabajadores urbanos y rurales, el movimiento estudiantil, los pequeños empresarios y la pequeña burguesía radicalizada. Sólo una fuerza de esa naturaleza puede compensar el poderío de los grupos económicos, de sus subordinados y operadores.

Este bloque social tiene que instalar en el conjunto de la sociedad sus propuestas. Vale decir, imponer su cosmovisión, construir hegemonía. Así lo hicieron las mujeres, y tuvieron éxito. También lo está haciendo un vasto sector de trabajadores y de pensionados con el No+AFP, con notables avances. Eso es desafiar la hegemonía dominante.

El desafío va más allá de lo económico. Está pendiente la elaboración de una nueva Constitución que abra espacios más democráticos a la sociedad, que sancione radicalmente la corrupción, y que otorgue al Estado un rol regulador más preciso y productor en materias estratégicas. Lamentablemente, en este terreno se ha avanzado poco. Los partidos de la Concertación, y también los del Frente Amplio, no han sido capaces de minar la hegemonía de la clase dominante, que se opone a cualquier cambio político institucional. No se ha logrado instalar con fuerza la necesidad de una nueva Constitución.

En suma, la aprobación del aborto en tres causales abre camino. Constituye una fisura a la ideología dominante. Con su triunfo, las organizaciones femeninas han demostrado que se puede instalar una propuesta contrahegemónica en lo económico y en lo político. No es fácil, pero es fundamental para mostrarle a toda la sociedad que el actual sistema de desigualdades e injusticias puede ser modificado.