Diversos actores dentro del Frente Amplio, entre los que se cuentan la candidata presidencial Beatriz Sánchez, el diputado Gabriel Boric y otros, han relevado la necesidad de generar una “Ley de Medios” que transforme la vergonzosa estructura y prácticas que definen el sistema mediático chileno, con particular gravedad en el ejercicio del periodismo informativo. Es muy probable que estas proclamas emerjan desde los avances que trajeron sendas legislaciones sobre el tema en Argentina, Ecuador y Uruguay.  Y es que la épica de luchar y doblegar a un enemigo camaleónico y difícil de encarar -los conglomerados mediáticos con “tradición” y vínculos con los grupos empresariales- explica la motivación de estos voceros, de sus colaboradores y de parte de los militantes y votantes frenteamplistas a levantar esta bandera de lucha.

Pero hay que decir, en un momento clave como el que vivimos, “a ver… paremos un poco”. Porque no es la mejor estrategia declarar que buscamos una “#nuevaleydemedios” como si con ello se solucionaran las miserias culturales a las que nos someten medios como C13 (Nabila y el ginecólogo), TVN (el ‘gran asado’ de Mónica Pérez), Radio Agricultura (Pilar Molina y su impunidad), El Mercurio (ni hablar), etc. Lo interminable de esta lista hace comprensible esta ansiedad, pero para avanzar con solidez hay que salir de ella.

Decir “ley de medios” es decir todo y, por lo tanto, decir nada. Lo correcto sería hablar de “leyes en relación a los problemas mediáticos” o “Nuevo Sistema Mediático”. Porque lo mediático es multifacético: cuando este sistema opera mal puede deberse a la concentración mediática (un solo agente tiene muchos medios, hablándole a la gente con distintos “megáfonos”). Puede deberse también a la financiarización de los medios (vínculo espurio entre medios y grupos de inversión que pueden manipular la opinión pública para su beneficio). Puede ser producto de la debilidad del sector “pobre” –grupos periodísticos sin dinero ni mayor pedigree, grupos políticos marginalizados, etc.-  para masificar sus mensajes. Puede también ser consecuencia del régimen de autofinanciamiento de la televisión pública, que en lugar de difundir contenidos de valor social enfatiza otros con rentabilidad económica, pagando sueldos millonarios a rostros y precarizando su aporte al debate público. O puede también ser resultado de una audiencia sin formación en los lenguajes audiovisuales, que “consume” discursos que validan la desigualdad y el abuso, los que permean más cuando la audiencia no es consciente de los intereses tras el rostro televisivo.

Sin embargo, lo real es que estos problemas son simultáneos: en todos ellos podemos encontrar la disfuncionalidad del sistema mediático nacional.

Pues bien, lo responsable, si queremos proyectar la ruptura de este panorama tan sombrío, es desmenuzar todas estas propuestas ejecutivas y legislativas, atacando uno a uno estos problemas, sin empaquetarlos en un envase inconducente, etiquetado con un hashtag, pues todos ellos son los causantes de la situación en que nos encontramos y requieren reformas paralelas e igualmente complejas y profundas que una “ley de medios” no puede abordar a cabalidad.

Eso sí, que eludamos la etiqueta simple no quita que haya una punta de lanza para agrietar el sistema actual: así como las reformas al sistema binominal tuvieron un costo económico que no genera ningún tipo de ganancia monetaria, las reformas al sistema mediático también representan una inversión del Estado, “cara” pero ineludible si queremos mejorar nuestra democracia. No tengamos miedo en decirlo: si queremos más democracia en lo mediático, y por tanto en lo cultural, en lo discursivo y en lo político, tendremos que distribuir recursos estatales donde actualmente no los hay, sin esperar un retorno, sino un avance de nuestra cultura política y social. Solo asumiendo esto podremos romper el mito de que los medios actualmente hegemónicos son sólo empresas y no instrumentos ideológicos para sostener este sistema injusto y abusivo.

Esos recursos deberán ser usados de manera eficiente para que florezcan nuevos medios libres e independientes, para generar un conglomerado mediático público que realmente sea un aporte al país, para implementar la educación sobre medios (en el contexto de la formación ciudadana) en la escuela, para fiscalizar los contubernios entre grandes corporaciones mediáticas y los grupos de poder financiero y para aplicar medidas adicionales como mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la comunicación, universalizar el acceso a internet, entre otras.  Pero lo crucial es lo siguiente: debemos puntualizar cada uno de estos focos, no eludirlos con slogans. Debemos ir más allá de la consigna y dar realmente carta de soberanía al problema mediático, pues lesiona sostenidamente nuestros derechos políticos y culturales (asegurados en tratados internacionales firmados por Chile, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto de San José), cuando oculta realidades de abuso y corrupción institucionalizada o cuando pone “techos de cristal” a proyectos de transformación, al denostarlos o lisa y llanamente excluirlos de la discusión pública. Es un problema que requiere soluciones serias, tal como las requieren el problema educativo, el problema de las pensiones y otros asuntos que cimientan el neoliberalismo salvaje en que vivimos. En esa profundidad propositiva sí tenemos que aprender –y mucho- de movimientos sociales por una comunicación democrática, con actividad notable allende los Andes.

El Frente Amplio y sus representantes tienen la oportunidad de hacer resonar, de una vez, el grito silente que la academia y un puñado de periodistas y realizadores resilientes han proferido por décadas contra nuestro mediocre sistema mediático. Pero para esto hay que detenerse un momento y pensar estratégicamente como convertimos este diagnóstico en propuestas sustanciosas y, luego, que esas propuestas posibiliten reemplazar la pobre situación actual, por una nueva realidad donde reine el pluralismo y en la que el empoderamiento de las audiencias haga que la ética mediática sea, no una elección, sino una obligación.