No se puede ser familiar o víctima de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la tiranía, y a la vez, apoyar al gobierno de la Nueva Mayoría.

Quien lo haga, por las razones que sean, debe optar por callar el dolor, la rabia y la vergüenza que produce ver cómo todos los poderes se esmeran por dejar en libertad a los genocidas que torturaron,  mataron e hicieron desaparecer.

Muchos políticos de la Nueva Mayoría, entre ellos la Presidenta Bachelet, aún son más leales a sus amigos uniformados, que a los familiares y víctimas.

¿No les causa repulsión ver como Su Excelencia cantaba el himno favorito del tirano a coro con los comandos del Ejército en la Parada Militar?

¿No les irrita el paso marcial de la presidenta cuando revisa las tropas?

Pero por sobre todo, ¿no les parece una vergüenza que aún no se cierre el penal de Punta Peuco, que el Ejecutivo no haya hecho los esfuerzos necesarios para conocer los nombres de los torturadores, que aún haya uniformados sin procesar, que la mayoría de los genocidas condenados gocen de la más perfecta libertad y que se regatee la reparación debida a las víctimas de la prisión política y la tortura?

Investigadores que han concentrado su trabajo en sacar a flote lo que la verdad oficial ha escondido sistemáticamente, demuestran que la deuda de verdad, justicia y reparación que suman los gobiernos pos dictatoriales es de una proporción vergonzosa.

A los gobiernos de la vergonzosa justicia en la medida de lo posible parece interesar que jamás se sepa la profundidad del daño causado por las violaciones contra los derechos humanos fundamentales de centenares de miles de compatriotas.

Parece no importarles los efectos de la tortura, de la prisión, en los centenares de miles de hombres y mujeres que la sufrieron. Ni el efecto de la desaparición forzosa de miles de seres humanos y la secuela que deja esa técnica perversa en centenares de miles de otras personas, y en general en la sociedad toda.

A los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría les interesa la amnesia. El olvido.

Casi nadie recuerda como el cuartel de la CNI en la Avenida Santa María era demolido en los primeros meses del gobierno de Patricio Aylwin, en donde se torturaba a diario y donde no se sabe cuántos murieron producto de esa tortura.

¿Qué paso en el Estadio Nacional en los dos meses de funcionamiento de ese Campo de Concentración? ¿Alguien se ha preocupado de perseverar en la memoria de lo que sucedió en los centenares de campos de prisioneros que cubrieron con su ignominia el territorio?

¿Cuántos compatriotas fueron efectivamente asesinados?

Y los genocidas viven sus vidas felices, con pensiones jugosas, a salvo de la justicia, lo que constituye una burla diaria para las víctimas, sus familiares y compañeros, quienes quedaron en la más completa orfandad.

¿Qué se siente saber que el único “avance”, como fue el cierre del Penal Cordillera lo haya enfrentado un presidente de la derecha?

Sería hora que los familiares tuvieran un actitud mucho más firme con la Nueva Mayoría. Y no seguir aceptando el silencio su desprecio.

No solo porque en materia de justicia, verdad y reparación los avances han sido nulos, sino porque en materia de violación a los derechos humanos el gobierno de Michelle Bachelet muestra graves retrocesos.

En materia de respeto a los derechos humanos, estamos donde mismo nos dejó la cobardía de los primeros días pos dictatoriales. Y en lo que respecta a su violación sistemática, hemos dado una vuelta en redondo.