Muchas veces distintos actores sociales y políticos se han preguntado: ¿Qué es lo que debe incluir o excluir una Reforma a la Educación Superior? Las respuestas han sido variadas -y no necesariamente inocentes-, dependiendo de la vereda ideológica desde donde se habla. Hay quienes han dicho que es necesario regular el lucro, poner el foco en la calidad, o regular el sector privado, entre otras juiciosas aseveraciones. Nosotros nos ubicaremos en la vereda de la Educación Pública. Es decir, entenderemos que un sistema mixto de educación no puede funcionar de forma justa ni adecuada mientras la Educación Pública no esté realmente garantizada por el Estado: garantizada en términos de acceso, de financiamiento y de calidad.

En este contexto, creemos que una reforma debe partir de un cuidadoso análisis respecto de lo existente y del camino hasta aquí, de cómo las políticas cortoplacistas han afectado a la Educación Pública y favorecido al sistema privado desregulado. Cualquier reforma hoy debe considerar como elemento central medidas para reparar el daño que se ha provocado en la Educación Pública durante años de abandono por parte del Estado. Un ámbito en que podemos observar el impacto de este abandono es, precisamente, en los indicadores de matrícula de Educación Superior.

Los datos de la matrícula del año 2016, entregados por el Consejo Nacional de Educación, permiten aseverar que hubo un crecimiento explosivo en las Universidades Privadas adscritas a la gratuidad y en los CFT e IP que acceden a las becas Nuevo Milenio en sus distintas versiones. Es en base a estos datos que se han desarrollado algunas conclusiones, a nuestro juicio apresuradas y sesgadas, respecto a la composición de la matrícula de primer año del sistema de educación superior.

Derribando Datos y mitos

Algunos medios, entre ellos La Tercera, se han apresurado a señalar que el sistema para el año 2016, se estanca en su crecimiento, a diferencia del crecimiento sistemático en los matriculados de primer año entre los años 2012 y 2015.

En dicho periodo, la matrícula de primer año tiene un crecimiento aproximado total de más de 20.000 estudiantes, es decir, en promedio 5.000 estudiantes o más por año. En cambio, entre 2015 y 2016 el crecimiento de la matrícula de primer año llegó a los 4.272 estudiantes según los datos presentados por el mismo medio: un número menor al crecimiento medio durante los años anteriores.

Es necesario comprender que el crecimiento de matrícula de primer año está condicionado a diferentes variables: como la reutilización del puntaje PSU del año anterior, la curva descendente de población entre 18 y 25 años (susceptibles de ser “mechones”), que entre otras, provocarán que veamos un “estancamiento” en la matrícula de educación superior constante durante los próximos años.

Pasa lo mismo cuando estudiamos los datos presentados respecto de la matrícula total del sistema. Esta matrícula total supera el millón de estudiantes el año 2012, para luego aumentar entre 2012 y 2015 en 117.690 estudiantes. Entre 2015 y 2016 el crecimiento es de 8.652 estudiantes, muy por debajo del promedio de crecimiento anual de los años anteriores que, según los datos entregados por el diario, sería de 29.422 por año.

Por otro lado, se ha mostrado, según datos del CNED, que las universidades privadas adscritas a la gratuidad pero no al Sistema Único de Admisión (SUA) habían aumentado su matrícula de primer año en un 32%. Si bien eso es concreto y verdadero, creemos que, al igual que la aseveración anterior, debe contrastarse con los datos totales del sistema. En este contexto general, la participación de estas instituciones en el total de la matrícula de primer año de universidades adscritas a la gratuidad sólo significa un aumento del 1,4% de la matrícula respecto del 2015, como mostramos en el siguiente gráfico:

[caption id="attachment_101777" align="alignnone" width="600"] / Fundación Crea[/caption]

Cuando observamos, a su vez, la participación de las distintas instituciones adscritas a la gratuidad en el total de la matrícula (no sólo la de primer año), el cambio en la distribución para 2015 y 2016 es lógicamente aún menor, como vemos en el siguiente gráfico:

[caption id="attachment_101778" align="alignnone" width="600"] / Fundación Crea[/caption]

Coincidimos con que las instituciones estatales han ido decreciendo en su matrícula, sin embargo, y a diferencia de lo señalado por el Rector Zolezzi en La Tercera, no creemos que esto se deba a que en las instituciones estatales existen mayor número de movilizaciones, sino por el visible abandono que han sufrido estas instituciones. Es real que durante un periodo de diez años -entre 2006 y 2016- la matrícula ha descendido un 7,8% en las Universidades del Estado y un 2,7% en las tradicionales, pero esta crisis de la educación pública y tradicional ha sido desatada por la implementación de políticas que han abandonado a las instituciones a la deriva del autofinanciamiento.

El presupuesto de las universidades estatales en particular, depende de tres fuentes principales: beneficios estudiantiles (becas, créditos y transferencias por gratuidad), fondos de investigación, y el aporte de las familias. La lógica del voucher ha traído consigo que el ingreso por beneficios estudiantiles sea itinerante, lo que hace imposible una proyección de crecimiento para cualquier institución que no cuente con un presupuesto fijo año a año, ya que depende de su “elegibilidad” en el mercado. En este contexto, Jaime Bellolio (UDI) ha declarado a La Tercera que “esto demuestra que los estudiantes buscar mayor calidad y eso no lo ofrece un rut estatal o uno privado, sino los planteles por sí mismos”. Esta afirmación carece de sentido al contrastar las condiciones en las que se imparte la enseñanza en las Universidades.

Las Universidades estatales no han podido ampliar su matrícula debido a la carencia de infraestructura para lograrlo, a diferencia de las Universidades Privadas que a pesar de esa carencia de infraestructura aumentan su matrícula indiscriminadamente, no contando siempre con las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades académicas.

Creemos que el dicho popular “los árboles a veces no permiten ver el bosque” puede aplicarse al análisis tendencioso de datos que se ha presentado en diversos medios, donde sólo se considera a las instituciones adscritas a la gratuidad. Evidentemente, no podemos atribuir única y exclusivamente a la transferencia por gratuidad o a las movilizaciones este decante de la educación superior pública, sino que debemos analizar otros procesos estructurales: se trata de una política de destrucción de la educación pública de larga data.

En este contexto, el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior presentado por el Gobierno en julio del presente año consolida la mercantilización y el abandono de la educación pública, ya que, éste profundiza las desventajas de las instituciones públicas ante las condiciones de regulación para los privados, por ejemplo, no existen, en el proyecto, condiciones para el crecimiento de la matricula estatal o la posibilidad de contar con recursos desde el Estado al momento de entrar en algún tipo de crisis y agrega regulaciones que nunca han tenido que cumplir las universidades públicas y además genera pérdida de la autonomía universitaria.

Supuestos para una Reforma

Las políticas públicas en educación decantan y muestran resultados en mayores períodos de tiempo y que si observamos la descomposición de la educación pública respecto de la matrícula total, veremos que el tema central no es solo la calidad, como lo ha dicho incansablemente la derecha política y empresarial durante los diez años de movilización social por la educación, sino cómo aporta una reforma a la educación superior, fortaleciendo instituciones del Estado que entregan educación de calidad.

Hoy en día la educación superior se encuentra a la deriva, con una DIVESUP que no tiene la capacidad de organizar y administrar un sistema con más de un millón de estudiantes, con tantos proyectos educativos como instituciones existen. Una Reforma que pretenda otorgar a la Educación Superior la posibilidad de “ver el bosque” debe sostenerse en una institucionalidad que permita conducir el sistema en su totalidad, además de regularlo y administrarlo. Creemos que una de las prioridades de la Reforma es la configuración de una institucionalidad, superintendencia y subsecretaría, que permitan sostener tres escenarios relevantes para una reforma educacional que no se puede basar solo en el financiamiento de los estudiantes, sino en el renacer de la educación pública, la regulación del sistema privado y la posibilidad de implementar un régimen de transición que permita que el fortalecimiento de la instituciones del Estado no solo cuenten con mayor financiamiento sino también con las condiciones materiales para expandir su matrícula.

No estamos diciendo con esto que no deba existir un régimen de educación superior mixto en Chile, todo lo contrario, debe existir, siempre ha existido, sin embargo, creemos que para que esta existencia sea justa, las instituciones privadas no deben tener más libertades que las instituciones del Estado.

La reforma debe tomar un camino prioritario, una opción es centrarse únicamente en la calidad mercantil, es decir, asumir el discurso de la derecha, que solamente busca hacer inversiones bajo criterios de mercado, inyectando mayor financiamiento del Estado a Instituciones que se transforman en caja chica de grupos empresariales o tomar el camino difícil que es recuperar su educación pública, entregando el financiamiento necesario para su crecimiento, para que sea esta el criterio de calidad en función del cual se mida cualquier otra institución durante los próximos años.