La discusión de la reforma a la educación superior ha orbitado en torno a las consignas de educación pública, gratuita y de calidad. Observamos por estos días una disputa sobre lo público, cruzada por una defensa de la universidad estatal y la oposición de algunos sectores a que el Estado otorgue algún privilegio a sus propias instituciones. Por otro lado, desde el mundo estudiantil la atención se ha centrado principalmente en la gratuidad, sin hacer una distinción clara entre lo estatal y lo privado. Esto último explicado en parte por la composición de las organizaciones estudiantiles, en cuanto a universidad de origen refiere. En un escenario de incertidumbre, no parece sensato para el estudiantado entrar en la disputa sobre lo público a riesgo de que estudiantes de universidades de derecho privado puedan salir perjudicados.

La pregunta que debemos responder entonces es cómo sintonizar la demanda por el fortalecimiento de la universidad estatal con la demanda por gratuidad. Esto no se puede lograr sin incorporar el horizonte temporal en la discusión. El fortalecimiento de la universidad estatal va a tomar tiempo, tal vez décadas, por lo tanto es una demanda que será satisfecha en el mediano o largo plazo, sin perjuicio de que el esfuerzo se comience a hacer hoy mismo. La gratuidad, en cambio, representa una demanda presente, de estudiantes que sienten el agobio de una carga financiera impuesta por un sistema abandonado a las despiadadas reglas del mercado. Con todo derecho, los estudiantes esperan que esta demanda sea satisfecha en el más breve plazo. En este escenario se debe distinguir entonces entre el objetivo que queremos lograr con la reforma a largo plazo y de qué manera se implementa. Una posibilidad es combinar financiamiento basal a instituciones estatales, suficiente para cubrir la totalidad del costo de docencia –que permitiría entregar gratuidad efectiva- y funciones básicas de investigación y extensión, con un sistema de becas para estudiantes que, como producto de la baja cobertura estatal, están hoy en universidades privadas que cumplen con criterios mínimos de calidad.

En el tiempo se debería producir un aumento del financiamiento basal a las universidades estatales, acompañado de una ampliación de la matrícula, a la vez que se reduce el número de becas a nuevos estudiantes de universidades privadas. De este modo sería posible sintonizar fortalecimiento del componente estatal con la demanda presente por gratuidad, o exención de pago, en el caso de aquellos estudiantes beneficiados con becas.

¿Niega un diseño de esta naturaleza la posibilidad de que las así llamadas universidades privadas de orientación pública accedan a gratuidad efectiva? No necesariamente, pero dicho acceso no puede estar supeditado solo a criterios mínimos de calidad, sino a condiciones claras respecto a su participación en el sistema de educación superior. Las condiciones deberían considerar como mínimo que estas universidades se sometan a las mismas normativas que se establezcan para las universidades estatales en términos de regulación y que, además, colaboren con estas de manera orgánica.

La implementación de la reforma tomará tiempo y requiere no solo alcanzar consensos sobre a qué puerto queremos llegar, más allá de las consignas, sino también del diseño de instrumentos de financiamiento que permitan su implementación de una manera adecuada y responsable.