El informe “Estado de situación de las principales pesquerías chilenas”, publicado por la Subsecretaría de pesca (Subpesca) dependiente del Ministerio de economía, reconoce el escandaloso agotamiento y sobreexplotación serial del 72% de las pesquerías del país.

Décadas de un accionar gubernamental cómplice de los intereses de los grupos pesqueros industriales, se han profundizado durante la actual administración pesquera. Al momento de asumir el subsecretario Raúl Súnico (PS), existía un 48% de las pesquerías chilenas colapsadas y sobreexplotadas, este 2015 la cifra subió en casi 30 puntos.

Este sorprendente incremento en tan sólo tres años del número de las pesquerías chilenas en proceso de destrucción poblacional, es la expresión más evidente de los efectos de la cuestionada ley Angelini-Longueira de pesca y acuicultura.

Con ella se ha profundizado el sistemático saqueo de nuestro mar, impulsado por una política extractivista y privatizadora, la cual destina de manera mayoritaria nuestros más valiosos recursos marinos hacia la exportación, mientras anualmente millones de toneladas de peces pelágicos son transformadas en harina y aceite para la mega industria de alimentación animal.

Un 97% de las capturas pesqueras chilenas que se destinan al consumo humano, y un 98% de las producciones industriales de salmónidos de cultivo, son destinadas a la exportación generando monopólicas ganancias para los clanes empresariales y compañías transnacionales que controlan estos sectores, las que provienen de exportaciones anuales que superan los 5.000 millones de dólares.

Este Armagedón marino austral afecta a especies tan emblemáticas y de gran importancia económica y social para la sociedad chilena, comunidades costeras y pueblos originarios, como lo son la popular merluza común, el jurel (principal recurso pesquero del país), además del congrio dorado, merluza austral, merluza de tres aletas, merluza de cola, anchoveta, sardina española, langostino colorado, raya y bacalao de profundidad, entre otros.

Ello evidencia el fracaso de cuatro décadas de administración y gestión pesquera en el “país –laboratorio” del neoliberalismo mundial, el que paradojalmente se ubica en el Océano Pacífico Oriental, una de las cinco áreas marinas más productivas del planeta.

El escandaloso reporte de la Subpesca ocurre en los precisos momentos que Pablo Longueira, ex ministro de economía y principal operador político durante la génesis y tramitación parlamentaria de la cuestionada ley de pesca que lleva su nombre, ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía Nacional como imputado por diversos delitos de cohecho empresarial, los que superarían los 900 millones de pesos (unos 1,3 millón de dólares). Por su parte un desaforado senador Orpis, el senador Rossi, la ex diputada Issasi, y una lista de más de 10 políticos y parlamentarios están siendo investigados por cohecho proveniente de empresas tales como Corpesca, Pesquera El Golfo y la Asociación de industriales pesqueros de la región del Bío-Bío (Asipes), lo cual evidencia que la ley rectora de la pesca y acuicultura en Chile es hija del abuso y la corrupción parlamentaria-empresarial

 LA LEY DE PESCA ES ILEGÍTIMA E INEFICAZ

La denominada ley Angelini-Longueira de pesca  no sólo es ilegítima por su viciada génesis y tramitación parlamentaria. También es ineficiente, ya que en la realidad no es respetada por los sectores extractivistas industriales y por los armadores artesanales, a los cuales se supone que regula. Esto queda de manifiesto en el hecho que, durante la actual administración pesquera, los volúmenes de pesca ilegal, no regulada y no reportada se han duplicado, y posiblemente triplicado en algunas regiones, como es el caso de la pesquería de merluza común.

El flagelo de la denominada pesca pirata constituye un negocio billonario para los grandes empresarios de la industria de reducción asociadas a la Asipes. Esto fue evidente en septiembre del 2015, cuando se decomisaron 5.602 toneladas de harina de pescado proveniente de la pesca ilegal de 31.000 ton. de sardinas y anchovetas en las bodegas de “Salmones Chile Alimentos S.A” y “Pesquera Coronel”. Ambas compañías pertenecientes a la familia Errázuriz. Estos cargamentos valorados en 11 millones de dólares, ya habían sido comprados por la transnacional noruega EWOS, productora de alimento para salmones, evidenciando lo rentable que es el “mercado negro” de la pesca ilegal en Chile.

Importante es destacar que el aumento sostenido de las operaciones de pesca ilegal tiene también una arista social. Ella deriva de los efectos de la ley de privatización pesquera, la cual excluyó de los derechos de acceso y uso a las pesquerías al 90% de los pescadores no “armadores” artesanales, así como a los pueblos originarios.

SUSTENTABILIDAD: LA OTRA GRAN ESTAFA DE LA LEY LONGUEIRA

Es evidente que la ley Angelini-Longueira no ha revertido la destrucción de las principales pesquerías del país. Al contrario, la ha acelerado. Esto desmiente el intenso marketing gubernamental, de organismos internacionales y del empresariado industrial, apoyados por Ongs transnacionales como WWF y Greenpeace Chile, quienes antes que se votara el proyecto Angelini-Longueira en el senado (noviembre del 2013), aseguraron que dicha ley garantizaba la sustentabilidad de las pesquerías chilenas, al estar basada sus decisiones de manejo en criterios “científico-técnicos” y no de presión política.

Desmintiendo un comportamiento predominantemente científico, a más de tres décadas de intensa explotación industrial y tres años de aplicación de la actual ley de pesca, aún no existen planes de manejo para cada una de las principales pesquerías del país. Esta es la herramienta clave si se tiene como objetivo central el manejo sustentable del patrimonio marino del país y la recuperación de las pesquerías colapsadas y sobreexplotadas.

Por su parte, la administración del Subsecretario Súnico continúa con las sobre estimaciones de las cuotas anuales de pesca por razones comerciales. Este es el caso de la sobreexplotada merluza común, la cual a pesar de haber perdido el 70% de su biomasa (tamaño poblacional expresado en peso), y existir capturas ilegales que superan en un 300% la cuota oficial,se estableció una cuota de 40.000 tons para el 2014.

Esta sobredimensionada cuota debió reducirse apresuradamente a 23.00 ton. (43% menos) para el año siguiente, manteniéndose hasta la temporada 2016. Ello ocurre en medio de voces de investigadores y Ongs que señalan que la cuota de merluza común no debiera superar las 15.000 ton. anuales. La ciudadanía se pregunta ¿Qué de científico y qué de comercial tiene este supuesto manejo pesquero 2.0?

LA ACTUAL POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PESQUERA AMENAZA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL PUEBLO CHILENO

Sólo el 3% de las capturas pesqueras se destinan al consumo de la población chilena. Esto explica que el consumo de pescado en Chile sea uno de los más bajos entre los países pesqueros a nivel global: 6,9 kgs por habitante al año.

Esto es dramático si se compara con el promedio mundial según la FAO: 14 kgs de pescado por habitante/ año. Países como Perú triplican nuestro consumo (23 kgs), mientras mercados a los cuales Chile exporta gran parte de su producción marina, lo sextuplican. Este es el caso de la Unión Europea (40kgs), o lo superan en un mil por ciento, como Japón (70 kgs/ hbte/año).

La razón de este atentado contra la alimentación y salud nacional se encuentra en que  la política pesquera  y de acuicultura neoliberal, sumada a la privatización y el control monopólico de estos sectores productivos, privilegian por razones económicas, que valiosos recursos  como el jurel, sardina española, anchoveta y caballa -fuentes de proteínas marinas de gran calidad biológica, minerales  y ácidos grasos esenciales-, sean transformadas en insumo para la alimentación industrial de salmones, aves, cerdos  y vacunos, así como de animales de compañía (mascotas).

A su vez, pesquerías como merluza común, merluza austral y de tres aletas, junto a congrios, rayas, reinetas y bacalaos, entre otros, son mayoritariamente exportados a Estados Unidos y otros más de 100 mercados en Asia, Europa y África.

La escasez, dificultad de acceso y los altos precios de los productos marinos para los consumidores chilenos, ocurre en momentos en que más del 40% de la población presenta sobre peso y obesidad mórbida, siendo Chile uno de los tres países que lidera el sobrepeso infantil en América Latina. Esto es consecuencia del alto consumo de carbohidratos, azúcar y sal, unido a un estilo de vida sedentario. Todos estos son factores predisponentes de enfermedades crónicas, metabólicas y cardio-vasculares, con graves consecuencias para la calidad de vida de la población y la economía del país.

Es paradojal que si la sociedad chilena decidiera optar por una política nacional de alimentación sana de acceso popular en base a pescado, se encontraría que nuestros peces están privatizados y destinados a la exportación y alimentación animal industrial, debiendo pagar por ellos precios exorbitantes. A su vez, si el Estado decidiera recuperar la propiedad de los peces, la sociedad chilena tendría que indemnizar billonariamente a quienes recibieron de manera fraudulenta, gratuita y a perpetuidad  la propiedad de nuestras pesquerías.

TAREA CIUDADANA: EXIGIR LA RENUNCIA DEL SUBSECRETARIO DE PESCA Y LA ANULACIÓN DE LA CORRUPTA LEY DE PESCA

Durante los tres años de gestión del subsecretario Súnico, éste ha actuado en oposición del programa pesquero acordado por la presidenta Bachelet con el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Nacional (Condepp). En la práctica, el subsecretario ha sido un activo promotor de  las destructivas operaciones de la pesca de arrastre, así como defensor de  las “perforaciones” de la flota industrial dentro de las 5 millas de protección de la biodiversidad  marina y la pesca artesanal en el norte del país.

Durante el 2016, Súnico se ha caracterizado por operar como lobbista de los intereses de las patronales pesqueras. Esto ha quedado demostrado en su intento de eliminar el proyecto de nulidad de la ley Angelini-Longueira que se tramita en la Cámara de diputados, y el negociar fuera de todo control público, y en conjunto con el empresariado industrial y los parlamentarios oficialistas, una ley de “consenso pesquero” que sustituya a  la viciada ley Nº 20.567 de pesca y acuicultura.

En este intento por maquillar la ley Angelini-Longueira, se busca negociar cambios secundarios y populistas, los que incluyen la compra a la industria de cuotas de pesca, con las dirigencias de la pesca artesanal y parlamentarios oficialistas. Esto, a cambio de mantener intacto el articulado que permitió el mayor robo parlamentario-empresarial de bienes comunes y la expropiación de derechos políticos, productivos y sociales, efectuado con posterioridad al fin de la dictadura cívico-militar.

Frente a esto, la Coordinadora Social por la Defensa del Mar, la cual agrupa a movimientos sociales, organizaciones ciudadanas, de la pesca artesanal y estudiantes, cuenta con el respaldo de 300.000 firmas para exigir este 21 de mayo la renuncia del subsecretario de pesca y la anulación de la ilegítima e ineficaz ley de pesca y acuicultura. Ello como pasos básicos para revertir las políticas neoliberales de destrucción de los ecosistemas, biodiversidad y recursos marinos del país.

A lo anterior se suma la exigencia de realizar la consulta previa, obligatoria e informada a los pueblos originarios en relación con el proceso relacionado a la ley 20.657 de pesca y acuicultura. Ello es concordante con el Convenio 169 de la OIT, y la iniciación de un proceso político, legislativo y social, de carácter regional, popular y participativo, con el objetivo de elaborar por primera vez en la historia de nuestro país una ley de conservación de los ecosistemas y biodiversidad acuática y uso de los recursos pesqueros y acuícolas de carácter democrático, equitativo y sustentable.

Las exigencias de la Coordinadora Social para la Defensa del Mar de ampliar y profundizar la investigación por cohecho pesquero-empresarial, fraude al fisco y lavado de activos, junto al castigo a los políticos culpables y encubridores, así como la detención de la fraudulenta negociación para maquillar la viciada ley Angelini-Longueira, son parte integral de la lucha de la sociedad chilena contra el abuso y la corrupción de la casta política-empresarial.

De cerrarse las vías de participación vinculante, sólo le quedará a los ciudadanos y ciudadanas, junto a los movimientos sociales, el camino de la objeción de conciencia y la desobediencia civil pacífica frente a una ley viciada y corrupta.