Ecólogo social e investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), con amplia experiencia en la indagación de temáticas referentes al desarrollo sustentable y las políticas ambientales del continente. Eduardo Gudynas fue invitado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales para desarrollar sus visiones sobre la problemática del extractivismo en la región.

El especialista ilustró el panorama en términos generales, asegurando que no hay un solo país de América del Sur que se encuentre libre de emprendimientos extractivistas en distintos rubros y sectores económicos ni tampoco de las consecuencias que dicha práctica conlleva.

“En todos los países de América del Sur hay conflictos ciudadanos frente a esos emprendimientos, es una dinámica propia de este tipo de desarrollo. En los últimos 18 meses, en todos ellos ha habido violaciones a los derechos humanos vinculadas a los emprendimientos extractivos. Lo mismo en los casos de pueblos indígenas”, argumentó.

El extractivismo es conceptualizado como un modelo de desarrollo basado, esencialmente, en la extracción intensiva de recursos naturales, y cuya práctica se observa de manera evidente en la región. Según Gudynas, además de sus implicancias sobre el medioambiente, éste genera una serie de consecuencias de tipo económico y social de importante alcance.

Entre los datos observados en sus investigaciones, se apunta que, durante el 2012, 89 de 100 dólares que se exportaron desde Chile corresponden a materias primas, la mayor parte de ellas de inversión minera.

Los gobiernos progresistas y su tendencia extractivista

El ecólogo se refirió a la estrecha vinculación entre la existencia de los gobiernos progresistas –que ganan espacio en Sudamérica- y el viejo modelo de desarrollo basado en la extracción de los recursos.

“Creo que son una izquierda de un nuevo tipo, son progresistas porque aman el progreso, reivindican el crecimiento y en eso se parecen a gobiernos conservadores. Ellos justifican el extractivismo diciendo que con ello alcanzan a financiar los programas de reducción de la pobreza, mucho de lo cual ha funcionado, pero eso los ha vuelto más extractivistas. Están atrapados en un círculo vicioso”, señaló Gudynas.

Según el especialista, los gobiernos de ese tipo han roto con la vieja tradición de la izquierda latinoamericana y, en otros casos, la han reformulado. Pese a tener una fuerte retórica de integración regional, la mayoría de ellos han terminado compitiendo por la venta de sus recursos, sin coordinar las políticas productivas. “La integración es pura retórica, en los negocios compiten despiadadamente”, añadió.

Además de convertir al extractivismo en una finalidad de desarrollo y sinónimo de progreso, los gobiernos sudamericanos de izquierda han comprometido la justicia social a la entrega de ayudas estatales que dependen de dichos emprendimientos.

“La vieja izquierda siempre consideró que la justicia social tenía varias dimensiones. Lo cultural, lo educativo, un paquete grande. El progresismo ha reducido la justicia social a mecanismos de compensación económica, como los bonos”, explicó.

Sin embargo, según el ecólogo, no es correcto sacrificar el bienestar medioambiental y social para lograr crecimiento económico. Sus palabras cobran sentido ante los conflictos territoriales surgidos en Chile en la última década: entre el 2005 y el 2012, el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó solo 39 proyectos de 620 iniciativas mineras.

Las propuestas del ecólogo

Eduardo Gudynas señaló que es necesario que los países sudamericanos, entre los que se encuentra Chile, sean capaces de superar el modelo de desarrollo extractivista, avanzando a una expresión más sensata de su práctica. Posteriormente, las estrategias de crecimiento económico deben ser modificadas hacia la búsqueda de una situación en donde sólo se extraigan de la naturaleza los recursos realmente necesarios.

Una reforma tributaria es una de las ideas otorgadas por el especialista, quien afirmó que hay que “terminar con lo que llaman subsidios perversos, dejar de subsidiar al sector minero, por ejemplo, de dar la energía barata. Otra tiene que ver con que las empresas paguen regalías a las comunidades donde extraen, porque son ínfimas y casi funcionan como impuestos”.

“Las materias primas se venden baratísimas porque no está incluido el costo económico por salud, contaminación, etcétera. Si voy a vender una tonelada de cobre, el precio final tiene que incluir todo el material rocoso, todo el uso del agua, toda la contaminación aérea, de suelo, etcétera. Eso te permitiría tener un volumen de extracción mucho menor y el precio mucho más caro”, declaró Gudynas, especificando que se requiere de una coordinación regional.

En los apuntes del ecólogo se registra un dato que llama la atención: el impuesto progresivo minero que se aplica al extractivismo promedia apenas un 7.83% y permite que las empresas mantengan rentabilidades de un orden del 50%. Si éste fuera aumentado a un 40 por ciento, las compañías seguirían obteniendo altas rentabilidades, pero el Estado chileno podría recaudar al menos 3 mil millones de dólares adicionales por año.