Especialistas advierten que los daños pulmonares y el cáncer por el uso de estos dispositivos pueden tardar décadas en manifestarse en los jóvenes.
Médicos piden implementar gravamen a vapeadores.
Niveles de nicotina que superan lo recomendado por la Unión Europea o incluso, de no contener este componente, podrían impactar de igual forma a la salud en niñas, niños y adolescentes. Esa es la alerta que especialistas difunden en relación a los vapeadores.
Actualmente, desde los ministerios de Salud y Hacienda impulsan una iniciativa que busca gravar los dispositivos de vapeo con un impuesto específico, equiparándolos tributariamente a los productos del tabaco.
Esta medida es valorada por especialistas de la salud ya que estaría orientada en resguardar la seguridad pública, y especialmente a los menores de edad.
Si bien se ha registrado una disminución en el consumo de cigarrillos convencionales en menores de edad, expertos encienden la alerta por la expansión de los vapeadores.
Aunque estos dispositivos suelen promocionarse como una alternativa menos riesgosa para fumadores adultos, distintas investigaciones han demostrado que su uso entre adolescentes incrementa la probabilidad de desarrollar dependencia y posteriormente comenzar a fumar cigarrillos tradicionales.
A ello se suma un factor que preocupa especialmente a los especialistas: los daños derivados de la inhalación de los aerosoles pueden tardar años en hacerse evidentes, dificultando la percepción del riesgo inmediato.
En ese contexto, Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, explica que las consecuencias del uso de estos dispositivos "no se hacen visibles de inmediato".
El académico recuerda que enfermedades como el cáncer pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) corresponden, en muchos casos, a exposiciones ocurridas décadas atrás.
En el caso de vapeadores sin nicotina, también existen riesgos asociados. De hecho, "generan exposición a sustancias inhaladas potencialmente dañinas y contribuyen a normalizar conductas de consumo entre adolescentes y jóvenes", advierte Cornejo.
Por ello, sostiene que retrasar la implementación de un impuesto implica postergar una intervención preventiva frente a una problemática cuyos costos sanitarios se reflejarán en el largo plazo.
Diversos estudios muestran que el precio constituye uno de los principales factores que influyen en el inicio del consumo de estos productos entre adolescentes.
En consecuencia, elevar su carga tributaria es considerado uno de los mecanismos más eficaces para disminuir la demanda, una recomendación que además forma parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco y del paquete de medidas MPOWER promovidos por la Organización Mundial de la Salud.
Verónica Iglesias Álamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), sostiene que "esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción de la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud".
En el caso chileno, el debate adquiere mayor relevancia luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.642, que incorporó al marco regulatorio los sistemas electrónicos de administración de nicotina y aquellos que no contienen esta sustancia.
La normativa autoriza líquidos con una concentración máxima de nicotina de 45 mg/ml, cifra que supera ampliamente el límite de 20 mg/ml permitido en la Unión Europea.
Por esta razón, los especialistas plantean que el impuesto debe aplicarse de manera transversal a todos los dispositivos de vapeo, evitando diferencias que puedan incentivar el consumo de determinadas categorías de productos.
