Nuestro edificio es firme, pero no es indestructible. Defenderlo hoy significa rechazar contundentemente el atajo del legalismo autocrático que propone la “democracia iliberal” y exigir que, incluso frente a la mayor de las urgencias, el ejercicio del poder nunca deje de tener límites ni rendición cuentas.
Gobierno de Kast se enreda con su reforma de seguridad - Agencia Uno
Hubo un tiempo terrible en que las democracias morían de un golpe militar. Esa amenaza concreta quedó en el pasado, pero -como bien han advertido politólogos como Levitsky y Ziblatt- no así el peligro subyacente. Las democracias aún siguen expuestas, pero ya no mueren de un golpe, mueren de reformas.
En efecto, ya nadie clausura el Congreso, se logran controlar los votos; nadie prohíbe las elecciones, se las conserva intactas; nadie vulnera las instituciones, se las debilita; nadie apuesta a suspender la Constitución, se la modifica; nadie vulnera los frenos al poder, se crean herramientas que hacen constitucional, lo que parecía imposible.
El camino se emprende paso a paso, demonizando todo lo que huela a Estado, levantando fantasmas y enemigos internos, asentando crisis y shocks, infundiendo temor en la ciudadanía, y luego, vendiendo la solución. La eficacia del método descansa en que no hay un “día D”, sino más bien una sucesión de reformas afianzadas en elaborados fundamentos técnicos que parecen razonables ante la urgencia, limítrofes en sí, pero aún defendibles por separado.
Sin darnos cuenta, al final del camino nos quedamos con un país que vota, que tiene Parlamento, que tiene instituciones, que tiene Tribunales, pero donde el poder deja de tener contrapesos reales, exacerbando completamente sus facultades en perjuicio de los ciudadanos. La ciencia política - a partir de los trabajos de Fareed Zakaria- ya bautizó hace casi treinta años lo que describo: “democracia iliberal”.
¿Por qué traigo esto a colación? Lo hago a propósito de la reforma constitucional de seguridad del gobierno del Presidente Kast, y el camino que parece comenzar a trazarse. Quiero hacer esta analogía con cuidado, porque las palabras se gastan rápido, y después no sirven cuando de verdad hacen falta.
Siguiendo la distinción de Zakaria, podríamos decir que nuestro sistema político se basa en dos grandes columnas: la democracia y el liberalismo constitucional. La primera apela a la soberanía popular manifestada en elecciones competitivas que deciden quién gobierna. La segunda limita los poderes de ese gobernante mediante el imperio de la ley, la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles.
Una "democracia iliberal" cambia esa dinámica. Mientras mantiene a firme el primer pilar, con gobernantes que cuentan con un apoyo mayoritario genuino y legítimo, se caracteriza porque -una vez en el poder- el gobernante utiliza esa misma legitimidad mayoritaria para debilitar las instituciones y órganos de control, para soltar los frenos que limitan al poder, y para constitucionalizar prerrogativas que debilitan el Estado de Derecho.
¿Justifica la democracia este camino? Mi posición es que la legitimidad de origen ciertamente habilita para gobernar, pero no habilita para cualquier cosa. La legitimidad de ejercicio del poder democrático demanda límites, porque en caso contrario no habría gran diferencia con una autocracia o una dictadura. Esos límites y frenos -o la ausencia de ellos- en general se encuentran positivizados en la Constitución, entendida como dispositivo jurídico fundante del pacto político-social.
Por ello, cuando un gobernante utiliza su legitimidad mayoritaria o supramayoritaria para remover los frenos al poder, lo que hace es transformar a la Constitución en una fachada, y a nuestro sistema político en un edificio sostenido en una sola columna. Y cualquiera sabe que en un país “sísmico” como Chile aquello es un peligro.
El Presidente Kast dijo hace unos días que no veía “mayor drama” en el proyecto de reforma constitucional presentado y preguntó “¿Cuál es el problema?”. Se lo respondo con franqueza:
El problema es que se crea un estado de excepción que se activa ante una "amenaza" a la seguridad pública que la Constitución no define, quedando la escritura concreta de la causal, en cada caso, en manos de quien la invoca.
El problema es que impide a los Tribunales revisar los fundamentos de la declaración, por lo que tendremos una amenaza que nadie califica, y que nadie puede desmentir.
El problema es que ese estado dura ciento veinte días, prorrogables a doscientos cuarenta sin el Congreso, cuando el estado de sitio -que exige guerra interna o grave conmoción interior- dura quince días y requiere del Congreso desde el principio.
El problema es que las facultades que se solicitan están copiadas -casi palabra por palabra- de las del Estado de Asamblea, esto es, del régimen previsto para cuando el país está siendo invadido.
A quienes tenemos memoria, esto nos resulta en un “dejá vu”: el Artículo 24 transitorio de la Constitución de 1980 operaba sobre el "peligro de perturbación de la paz interior", es decir, sobre una amenaza declarada por quien ejercía el poder, y no revisable por nadie. Nunca supimos bien qué significaba esa frase, y eso era -precisamente- lo que se buscaba, amparando una “legalidad de excepción permanente”.
¿Es lo que queremos? Creo que no. En La Araucanía llevamos cuatro años bajo estado de emergencia con más de sesenta prórrogas, decretadas por gobiernos de signo opuesto. Cuatro años después -y con números de violencia rural muy distintos- no existe estrategia de salida, no hay umbral objetivo que gatille el retiro, no hay cronograma de fortalecimiento policial, ni ninguna métrica que nos permita avizorar cuándo se termina la excepción.
He preguntado muchas veces y nadie ha sabido responderme, porque la respuesta no existe; porque la excepción pasó a ser la regla. Las medidas que nos propone el Presidente Kast son mucho más onerosas que aquellas, qué duda cabe. Entonces, si la institucionalidad ha sido incapaz de diseñar una salida para un problema regional, entregarle herramientas más draconianas a nivel nacional es firmar un cheque en blanco contra nuestros derechos fundamentales y el Estado de Derecho.
Ahora bien, no cabe duda que el miedo en la ciudadanía es real, y no puede simplemente soslayarse o ser tratado como una paranoia irracional. Los datos son contundentes: según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2025), más de ocho de cada diez chilenos percibe que la delincuencia aumentó en el país, y la encuesta Cadem de agosto de este año sitúa el temor a ser víctima de un delito en 73%, en alza. Sin embargo, esta crisis de percepción convive en una paradoja estadística.
La misma ENUSC 2025 muestra que la victimización de hogares por delitos violentos bajó de 8,5% a 7,9%, que la victimización personal cayó de 28,0% a 26,7%, y que la expectativa de ser víctima retrocedió más de cuatro puntos. Y según la Fiscalía Nacional, los homicidios consumados registraron en 2025 su tercer año consecutivo de descenso. Es en la brecha del miedo y el delito, donde se afianza este proyecto de reforma constitucional.
Empero, el camino que propone el Ejecutivo es jurídica y criminológicamente equívoco. Hay un indicador que subió en la ENUSC 2025: el de los delitos económicos, que pasaron de 11,0% a 11,8%. ¿Y dónde están el alzamiento del secreto bancario, el comiso de ganancias ilícitas y la persecución patrimonial? Los expertos en inteligencia financiera convergen en una idea: quien de verdad quiere desmantelar al crimen organizado debe empezar por seguir la huella del dinero.
Entregar facultades militares para restringir libertades civiles en las calles no debilita la estructura de las organizaciones criminales; lo que asfixia a estas organizaciones es la capacidad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Ministerio Público para acceder expeditamente a sus cuentas, congelar sus flujos de capital, incautar sus bienes y quebrar su economía ilícita. Entonces, tratar un problema de criminalidad financiera con herramientas de control de orden público del siglo pasado no es sólo un error estratégico, es una renuncia a atacar el corazón del problema.
Algunos han atribuido las medidas del proyecto a la “improvisación”. Yo discrepo. No veo improvisación, sino un modo de entender el poder que sigue un camino ya trazado. En 2014 el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, proclamó explícitamente la intención de construir un " Estado iliberal". El Presidente Kast ha elogiado públicamente el modelo húngaro, se ha reunido con Orbán en cuatro oportunidades -la última en febrero pasado, ya como Presidente electo-, firmó la Carta de Madrid, expuso en la CPAC de Budapest y compartió gira europea con el mismo círculo. No es improvisación: es un itinerario público. La académica de Princeton Kim Lane Scheppele denominó “legalismo autocrático” a este camino, caracterizado porque la deriva no es evidente al comienzo.
Por eso le digo al Presidente Kast que un sistema político que se sostiene solo en su legitimidad de origen es feble. Nuestro edificio es firme, pero no es indestructible. Defenderlo hoy significa rechazar contundentemente el atajo del legalismo autocrático que propone la “democracia iliberal” y exigir que, incluso frente a la mayor de las urgencias, el ejercicio del poder nunca deje de tener límites ni rendición cuentas. Si transformamos al Estado de Derecho en una cáscara vacía con la excusa de la emergencia permanente, el próximo sismo político puede encontrarnos con el edificio en pie sobre una sola columna, y esa es la definición de un derrumbe anunciado.
