Hablar sobre aborto en Chile nunca ha sido fácil. Durante décadas fue un tema silenciado por el miedo, el estigma y la criminalización. Detrás de cada discusión legislativa no existen únicamente posiciones ideológicas o religiosas; existen historias de mujeres y personas gestantes que han debido enfrentar pérdidas, diagnósticos devastadores, embarazos incompatibles con la vida o el profundo trauma que significa sobrevivir a una violación. Son vidas atravesadas por el dolor antes incluso de llegar a una consulta de salud.
El camino recorrido por nuestro país para reconocer esta realidad ha sido lento y complejo. La aprobación de la Ley N.º 21.030 o Ley IVE (que despenaliza el aborto en tres causales) constituyó un avance mínimo, pero profundamente significativo, al reconocer que existen circunstancias excepcionales en las que el Estado no puede responder con castigo, sino con cuidado, acompañamiento y respeto por la autonomía de las personas. Posteriormente, la incorporación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo al GES (GES 86) reafirmó que estas situaciones no representan un debate abstracto, sino un problema de salud que exige una atención oportuna, segura y libre de violencia.
Hoy, iniciativas como el proyecto conocido como "Escucha sus latidos" del diputado Cristóbal Urruticoechea junto a otros parlamentarios, nos invitan nuevamente a reflexionar sobre el sentido de la humanización en salud. Humanizar nunca puede significar agregar sufrimiento a quien ya vive una experiencia profundamente dolorosa.
Cuando una persona ha sido víctima de una violación, enfrenta un embarazo con inviabilidad fetal o ve amenazada su propia vida, la obligación del sistema sanitario es proteger, contener y acompañar, garantizando un entorno clínico y humano que respete su dignidad y autonomía. En estas circunstancias, la legislación chilena reconoce el derecho a decidir, y por ello el equipo de salud debe asegurar que la persona pueda ejercerlo sin presiones, sin juicios y sin intervenciones que intensifiquen su angustia o condicionen emocionalmente su decisión.
Diversas voces del ámbito político, académico y de la salud han advertido que este tipo de propuestas pueden constituir formas de revictimización y violencia institucional. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, calificó la iniciativa como una "crueldad legislativa", mientras organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos han señalado que la medida no fortalece el consentimiento informado, sino que busca incorporar una intervención emocional que podría vulnerar la autonomía de las usuarias.
Como carrera de Obstetricia de la UAcademia y parte de la Facultad de salud inspirada en los principios del Buen Vivir, la justicia social, los derechos humanos, la equidad de género y el respeto por la dignidad de todas las personas, creemos que el centro de esta discusión debe estar en el acompañamiento profesional adecuado, centrado en la persona y su contexto, con una entrega de información clara (consentimiento informado) que resguarde emocionalmente y respete de forma absoluta la decisión de las personas sobre el propio cuerpo y su proyecto de vida, en coherencia con los principios de derechos humanos, equidad y justicia reproductiva.
Ninguna política pública debería desconocer que detrás de cada causal existe una experiencia humana marcada por el sufrimiento y la vulnerabilidad, por lo que observamos con preocupación iniciativas que puedan transformarse en nuevas barreras para acceder a una prestación sanitaria legal.
El respeto por la vida no puede reducirse exclusivamente al momento del nacimiento. Una sociedad verdaderamente comprometida con la vida debe preguntarse también por la calidad de esa vida, por las condiciones en que las personas pueden ejercer su maternidad o decidir no hacerlo dentro del marco legal, por el acceso a salud mental, redes de apoyo, protección social, reparación y oportunidades reales para reconstruir un proyecto vital luego de experiencias profundamente traumáticas.
Cuando el debate se concentra únicamente en impedir una decisión, sin considerar el bienestar posterior de quienes deberán enfrentar sus consecuencias, corremos el riesgo de comprender la vida desde una mirada parcial. Defender la vida implica también defender la dignidad, la salud física y mental, la autonomía, la justicia social y el derecho a vivir libres de violencia.
Como profesionales de la salud, nuestro deber ético es escuchar y acompañar, evitando imponer cargas emocionales adicionales. La evidencia científica, la bioética y los estándares internacionales señalan que una atención humanizada informa sin coerción, acompaña sin juzgar y respeta la autonomía de cada persona dentro del marco legal.
En situaciones de vulnerabilidad, el sistema sanitario debe proteger, contener y garantizar condiciones seguras para que la persona ejerza sus derechos. Una sociedad que dice defender la vida debe hacerlo promoviendo cuidado, justicia social y dignidad, porque cuando el debate pierde evidencia y humanidad, quienes sufren no son las ideas, sino las personas.
