¿Estaremos ante un nuevo hecho de corrupción, tolerado por la habitual impunidad presente en nuestro querido país?
Corte Suprema / Agencia Uno
En razón a que el megaproyecto de cuatro torres de viviendas, oficinas y locales comerciales de la Inmobiliaria Fundamenta en la comuna de Ñuñoa, con una inversión de US$300 millones, ha sido sumamente polémico y por el cual, desde hace años, he estado informando con datos duros sobre su ilegalidad y malas prácticas cometidas por la respectiva dirección de obras municipales (DOM) y por la misma empresa.
Este caso significó la destitución, por parte del Congreso Nacional, del juez Sergio Muñoz, entonces presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema. También, a la luz de un completo reportaje publicado el 15 de julio pasado en el medio de investigación Ciper, dejamos en claro que la primera en oponerse a este invasivo megaproyecto fue la alcaldesa, Emilia Ríos, lo que significó en paralelo el inicio de acciones judiciales por parte de organizaciones ciudadanas.
Inicialmente se otorgaron distintos anteproyectos de edificación, de entre 26 y 32 pisos, por parte del DOM, Carlos Frías, funcionario que, por otras razones, fue destituido posteriormente. El titular de esos actos administrativos preliminares fue la sociedad conformada por Plaza Egaña SpA y Metro S.A. Esta empresa pública de transporte aportó al negocio una porción del terreno.
El nuevo DOM, Patricio Reyes, otorgó el 12/10/2018 a dichas empresas el permiso de edificación N° 296, en donde se lee "se deberá presentar para la recepción final Declaración de Impacto Ambiental aprobada y ejecutada" (sic), a pesar de que esta Declaración es obligatoria para el inicio de obras del proyecto y además sin que se certificara que el Estudio de los Conos de Sombra estuviera correctamente elaborado, teniéndose en cuenta que en esa fecha el Plan Regulador Comunal (PRC) de Ñuñoa, fijaba una altura máxima de 15 pisos.
Debido a lo anterior, la fundación Defendamos la Ciudad le comunicó la situación de las sombras a la Contraloría General de la República, Cámara Chilena de la Construcción y a la Seremi del Minvu. La primera contestó que no tendríamos legitimación activa para formular una denuncia y los otros dos no se pronunciaron. Tiempo después, se le propuso al ente fiscalizador sostener una reunión con sus funcionarios expertos en esta materia técnica, la que nunca se llevó a cabo.
Por ello, con el ingeniero civil y ex funcionario del Minvu, Rodolfo Acha, fuimos a denuncar la situación ante el Directorio del Colegio de Arquitectos, a quienes les explicamos con los necesarios documentos de rigor, que el Estudio de marras era una calamidad. A esta fecha, dicha orden profesional no emite opinión al respecto.
El 20 de abril de 2022, el diario La Tercera entrevistó sobre su vida privada y logros empresariales a Pablo Medina, cara visible y socio principal del mega proyecto de la inmobiliaria Fundamenta, cita en donde dicho inversionista se quejaba porque la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago había revocado una errada "autorización" ambiental, y por lo tanto, el proyecto quedó paralizado por 9 meses.
A raíz de esto, esa empresa informó a la prensa que había recusado al juez Sergio Muñoz, porque una hija abogada y jueza de éste, lo habría aludido en una conversación con una empleada de la inmobiliaria, solicitándole devolución del dinero adelantado por la compra de dos departamentos, habida cuenta que el proyecto no se estaba ejecutando. El único motivo que tuvo la inmobiliaria para objetar al Juez Muñoz fue su posición, apegada a derecho, sostenida respecto de la evaluación ambiental.
Según mi criterio, esa simplista acusación carecía de todo valor probatorio debido a que se trata de comentarios de pasillo y, en todo caso, por ello los abogados Raúl Tavolari, Rodrigo Benítez, Carlo Sepúlveda y Edesio Carrasco renunciaron al patrocinio y poder que les fue conferido por Plaza Egaña SpA, para este polémico proyecto. Estos abogados consideraron, con justa razón, que hubo un cambio en la estrategia en la conducción del recurso de casación radicado en la misma 3a Sala del máximo tribunal. Para que los lectores saquen sus propias conclusiones sobre este asunto, pueden ver más detalle en el siguiente link: ver aquí.
Este reportaje, en el cual se alude a información del Ministerio Público, es lapidario porque se acreditaron varias cosas que dejan mal parados a varios interesados que buscaban sacar al juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema. Ahí se dice que la empresa Fundamenta contrató y le pagó $600.000.000 a la sociedad de Lagos, Vargas y Silber, en mi opinión, no porque fueran buenosmozos y expertos en el derecho y en las leyes, sino exclusivamente porque ellos sabían como intervenir y ganar sus juicios en los tribunales superiores de justicia.
Ahí queda en evidencia que estos abogados querían sacar del caso al ministro Sergio Muñoz para destrabarlo y por lo tanto, dejar el camino despejado para que la ministra Ángela Vivanco pudiera ejercer sin trabas su rol. Por lo tanto, tan pronto se conoció este reportaje, la fundación Defendamos la Ciudad, con fecha 17/07/2026, se lo envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se hiciera parte en el juicio, radicado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Con fecha reciente del 21/04/2026, la DOM de Ñuñoa cursó para una de esas torres la recepción final parcial y se da la paradoja de que, si estuviera vigente la ley de reforma tributaria, debido a que la Corte Suprema, con la mano conductora de Vivanco, dejó sin efecto la decisión ambiental que perjudicaba económicamente a la empresa, por la prolongada paralización de las faenas, el Estado debería pagarle unos cuantos millones de dólares.
Esa ley dice "(...) el titular tendrá derecho a obtener del Fisco la indemnización de los gastos directos efectivos y no recuperables incurridos con motivo de la ejecución del proyecto". Por ello vale la pena insistir que todavía es tiempo para derogar este inicuo regalo al sector privado.
Finalmente, a pesar de que Sebastián Sichel, actual alcalde de Ñuñoa, para su campaña electoral recibió unos cuantos millones de pesos por parte de un gerente de la constructora del proyecto de Fundamenta, para demostrar su nula relación con ese turbio negocio, también debería hacerse parte en el aludido juicio.
Asimismo, sería necesario que, para acreditarse el compromiso con la probidad, todos los concejales debieran hacer lo mismo, a sabiendas que, por lo menos la concejal Alejandra Valle, quien ya ha emitido públicamente juicios condenatorios por este asunto, debería hacerlo. Ahora viene la gran pregunta: ¿estaremos ante un nuevo hecho de corrupción, tolerado por la habitual impunidad presente en nuestro querido país?
