La presencia de mujeres en espacios de poder ya no incomoda al orden conservador. A veces lo fortalece.
Durante años se asumió que una mayor representación femenina traería políticas más igualitarias. La experiencia muestra algo distinto: una mujer puede romper barreras, dirigir partidos o encabezar gobiernos sin cuestionar las estructuras que mantienen subordinadas a otras. Puede incluso usar su ascenso para negar que esas barreras existieron.
Esto no significa que las mujeres conservadoras sean títeres. Pensarlo sería negarles autonomía. Tienen derecho a ser de derecha, religiosas, liberales o antifeministas. El feminismo no puede apropiarse de su voto ni exigirles gratitud política. La discusión comienza cuando una trayectoria individual, construida sobre derechos conquistados colectivamente, se convierte en argumento para restringirlos a las demás.
La socióloga Deniz Kandiyoti llamó “ negociación patriarcal ” a las estrategias mediante las cuales algunas mujeres obtienen reconocimiento o poder adaptándose a un sistema desigual. No deben abandonar la esfera pública, solo demostrar que su presencia no amenaza el orden: puedes entrar, siempre que dejes claro que eres distinta de las otras.
La ultraderecha latinoamericana entendió la utilidad de estas figuras. Ya no propone simplemente el machismo que imaginaba a las mujeres encerradas en casa. Promueve mujeres fuertes y mediáticas que presentan la desigualdad como elección personal, la maternidad como destino natural y los derechos sexuales como excesos progresistas.
En Argentina, Victoria Villarruel se convirtió en rostro de la reacción contra el aborto, la diversidad sexual y las políticas de igualdad, en un país donde el pañuelo verde se volvió símbolo regional. No cuestiona que las mujeres accedan al poder: ella misma lo ejerce. Combate el proyecto colectivo que busca redistribuirlo.
En Brasil, Damares Alves dirigió durante el gobierno de Jair Bolsonaro el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos e impulsó una ofensiva contra la llamada “ideología de género”. Su anuncio de que los niños vestirían de azul y las niñas de rosado condensó una política que asigna identidades y futuros desde la infancia, presentando esa imposición como protección familiar.
En Colombia, la campaña contra el enfoque de género del acuerdo de paz convirtió garantías para mujeres y diversidades en amenazas contra los niños, la familia y la nación. La fórmula reemplazó los derechos concretos por un enemigo abstracto, luego reciclado como “antiwoke” o “antiprogre”.
No son episodios aislados. En América Latina, el género organiza identidades y adhesiones electorales. La promesa de “defender a la familia” articula iglesias, partidos, empresarios, influencers y organizaciones internacionales. Ya no se habla de obediencia, sino de recuperar la feminidad; no se anuncian restricciones, sino protección de la vida; no se rechaza la diversidad, se dice defender a los niños.
Mara Sedini concentra la contradicción. Durante años cuestionó al feminismo, al que describió como un espacio capturado por la izquierda. Luego llegó a La Moneda como vocera de Gobierno. Al dejar el cargo, denunció haber sido juzgada por su ropa, su peinado, su carácter y su diferencia respecto de Camila Vallejo.
Las críticas políticas a su desempeño eran legítimas. Sufrir sexismo no vuelve correcta su gestión ni borra responsabilidades. Pero sus errores tampoco justifican medirla con códigos que rara vez se aplican igual a un hombre.
Ahí está la paradoja: Sedini recurrió al lenguaje que el feminismo construyó para explicar por qué las mujeres en el poder son evaluadas también por su cuerpo, su voz y su apariencia. Rechazar el feminismo nunca hizo a una mujer inmune a la misoginia.
Defenderla del sexismo no exige compartir sus ideas. Los derechos pierden sentido cuando funcionan como premio a la corrección política. Pero solidaridad frente a la violencia tampoco significa silencio frente a su proyecto: una mujer puede sufrir discriminación y, al mismo tiempo, impulsar políticas que profundizan la desigualdad de otras.
La presencia femenina, por sí sola, no transforma el poder. Importa quién llega, pero también qué hace, qué derechos protege y qué puertas deja abiertas.
El patriarcado no necesita expulsar a todas las mujeres de la política. Le basta con promover a algunas como prueba de que la desigualdad terminó y utilizarlas para explicar por qué las demás ya no necesitan feminismo.
