Las instituciones policiales existen porque la sociedad les entrega un privilegio extraordinario: el monopolio de ciertas facultades que ningún ciudadano común posee. Un detective puede acceder a información reservada, desarrollar investigaciones intrusivas, utilizar herramientas tecnológicas exclusivas y actuar bajo el amparo de la ley para perseguir organizaciones criminales. Ese inmenso poder solo puede sostenerse sobre un principio igualmente trascendental: la confianza pública.
Cuando esa confianza es traicionada desde el interior de la propia institución, el daño excede ampliamente los delitos individuales.
De acuerdo a El Mostrador, eso es precisamente lo que refleja el caso de los exoficiales de la Policía de Investigaciones (PDI), Leoncio Oporto Duhart y Claudio Solans Marchant, condenados por el Juzgado de Garantía de Arica tras reconocer su participación en una red de apoyo a una organización dedicada al tráfico de ketamina.
Oporto, perteneciente a la Brigada Investigadora de Robos Oriente, fue condenado por asociación criminal, cohecho pasivo impropio, revelación de secreto y tenencia ilegal tanto de partes de armas de fuego como de municiones.
Según la investigación de la Fiscalía de Arica, Oporto utilizó su clave institucional para ingresar al sistema informático BRAIN y consultar órdenes de detención vigentes respecto de Felipe Orellana Sánchez y Khrishna Vega Ramírez, identificados como los líderes de la organización conocida como “Los Kussy Boys ”. Posteriormente transmitía esa información reservada mediante aplicaciones de mensajería.
También envió fotografías de evidencias obtenidas en investigaciones policiales, incluyendo registros de dinero incautado en una causa por robo con intimidación que estaba bajo su responsabilidad.
La investigación estableció depósitos por $2.200.000 efectuados directamente en su cuenta bancaria como contraprestación por vender información reservada. Es decir, un detective convirtió el acceso privilegiado al sistema policial en un negocio privado.
Al momento de su detención, además, mantenía ilegalmente trece municiones calibre 9 milímetros y un cargador para pistola Sig Sauer, elementos para los cuales no poseía autorización.
El segundo condenado, Solans, antiguo integrante de la Brigada Investigadora de Asaltos, actuaba como intermediario entre los narcotraficantes y el funcionario activo. Además, era conocido dentro de la organización como “Tío Rafa”, nombre que revela un nivel de cercanía incompatible con cualquier estándar ético exigible a quien alguna vez ejerció funciones policiales.
Su labor consistía en solicitar información reservada a Oporto para advertir oportunamente a los narcotraficantes acerca de investigaciones o eventuales órdenes de detención.
Asimismo, la Fiscalía estableció que mantenía un verdadero tarifario para vender información policial. El precio mínimo ascendía a $300.000.
Durante el allanamiento de su domicilio fueron encontradas dos armas de fuego, una de ellas sin inscripción legal, razón por la cual fue condenado por asociación criminal, cohecho activo y tenencia ilegal de arma de fuego.
Estos dos exfuncionarios aceptaron los hechos mediante procedimiento abreviado. Las condenas suman aproximadamente cinco años para Oporto y algo más de cuatro años para Solans.
¿Cuánto daño produjo esa información filtrada antes de que ambos fueran descubiertos? ¿Cómo un detective podía consultar antecedentes reservados y transmitirlos a organizaciones criminales sin ser detectado de manera inmediata?
Cuando un policía informa a narcotraficantes acerca de investigaciones en curso, no solo compromete una causa judicial, puede poner en riesgo la vida de policías, fiscales, testigos protegidos e incluso ciudadanos completamente ajenos a la investigación.
En cuanto a la organización criminal (Los Kussy Boys), la acusación sostiene que Felipe Orellana dirigía la importación de ketamina granulada desde Tacna hacia Chile utilizando “burreros”. Entre 2024 y 2025 lograron ingresar más de 220 kilos de ketamina, distribuidos en Conchalí y La Granja.
Paralelamente, los recursos obtenidos mediante el narcotráfico eran objeto de operaciones de lavado de activos.
Khrishna Vega adquirió un Audi Q5 pagado en efectivo por $41 millones, además de un BMW X3 por $26 millones. Pagó, también, una cirugía estética superior a los $10 millones, a través de billetes de baja denominación transportados en una caja de zapatos.
El filósofo Michael Sandel ha advertido que cuando todo puede comprarse, las instituciones dejan de organizarse según principios públicos y comienzan a funcionar conforme a la lógica del mercado. Si la información policial tiene precio, entonces la justicia deja de depender de normas y comienza a depender de quién puede pagar más.
Finalmente, cuando un policía vende secretos, se convierte en un recurso estratégico del crimen organizado. Y cuando esa transformación ocurre dentro de una institución encargada de investigar delitos complejos, la amenaza deja de provenir únicamente desde afuera… Empieza a instalarse al interior de los órganos estatales.
