Un viejo argumento
En 2025, un grupo de economistas presentó El Puente, propuesta que atribuye el desempleo y la baja productividad entre otras cosas, al salario mínimo “elevado”, a los altos costos de despido y a la “rigidez” de la legislación laboral. Aun con matices, su lectura remite cincuenta años atrás, a El Ladrillo, uno de los documentos que trazaron la ruta económica de la dictadura, donde ya se sostenía que había que “rebajar el alto costo del trabajo en Chile” y que los sindicatos poderosos limitaban el empleo en desmedro de los demás trabajadores.
Han pasado varias décadas, pero el argumento es el mismo, y ese diagnóstico pasa algo por alto. En Chile esas recetas no son una hipótesis por probar, varias ya se aplicaron, y su saldo fue el fracaso. La coincidencia no es casual, sino una continuidad histórica cuya matriz se forjó en la dictadura, período que también permite evaluar sus resultados.
Mucho antes, en el siglo XIX, David Ricardo consideraba que los aumentos de salarios afectaban la ganancia, y en el siglo XX el neoliberalismo convirtió esa observación en doctrina. Friedrich Hayek presentó a los sindicatos como capaces de “explotar a otros trabajadores”. Ludwig von Mises los responsabilizó del desempleo. Milton Friedman sostuvo que subir salarios por la vía sindical reducía los puestos disponibles y, en 1975, visitó Chile y señaló que la protección contra los despidos generaba más cesantía.
De la teoría a la política de Estado
El golpe de 1973 permitió aplicar esas ideas sin contrapeso. Las actas secretas de la Junta, El Ladrillo y los escritos de sus asesores muestran cómo esa racionalidad se hizo política concreta. Sergio de Castro, ministro de Economía y luego de Hacienda, llamó a la protección laboral un “costo excesivo” que perjudicaba a los trabajadores y defendió ante la Junta derogar el salario mínimo.
José Piñera, ministro del Trabajo, culpó a los sindicatos de la inflación y el desempleo, y diseñó el Plan Laboral de 1979 y una reforma previsional que, según sus palabras, buscaba reducir el “costo del trabajo”. Jaime Guzmán presentó la organización obrera como terreno fértil para el marxismo, y Miguel Kast defendió reducir las indemnizaciones porque ampliarlas “cercenaba la libertad del trabajador”. En 1978, incluso, Pinochet frenó un recorte de indemnizaciones no por desacuerdo de fondo, sino por temor a la imagen de un "Gobierno de los ricos". El problema no era técnico, sino de oportunidad.
Una operación ideológica, no un ajuste técnico
No fueron discusiones neutras, sino una operación ideológica sostenida, orientada a presentar los derechos laborales, en cuanto conquistas históricas, como causa de problemas económicos y desempleo. Las críticas a esta operación también tienen historia. Desde Marx y Kalecki a Piketty o Stiglitz, muchos han cuestionado que los salarios expliquen por sí solos el desempleo, e historiadores y científicos sociales han documentado el carácter organizado y político de la ofensiva contra los derechos laborales.
El presente como punto de llegada
Por eso conviene volver a El Puente. Esa racionalidad sigue en la agenda política. A meses de iniciado el gobierno de Kast, esas propuestas dejan de ser doctrina y se traducen en decisiones concretas. Reconocer la genealogía permite ver que argumentos de lenguaje técnico y neutral tienen raíces políticas profundas, y que Chile fue su laboratorio.
Nada de esto impide discutir cómo mejorar el empleo, pero no a costa de derechos que existen para mejorar la vida y el trabajo. Vale la pena mirar experiencias internacionales donde la educación y la formación profesional han mostrado avances importantes en el empleo, sin necesidad de recortar protecciones.
Conviene, además, ser cuidadosos. Las referencias a la OCDE no deberían ocultar que varios de esos países tienen seguros de desempleo robustos, salud universal y formas de participación de los trabajadores en las empresas, inexistentes en Chile. Claro que tampoco esos países se pueden idealizar, pero la comparación es, en el mejor de los casos, incompleta.
Conviene, sobre todo, no olvidar cómo terminó aquel experimento. La promesa era que rebajar el costo del trabajo traería más empleo, inversión y bienestar para todos, vía el “chorreo”. Lo que dejó fue un país con millones de pobres y miles de víctimas de la represión que permitió imponer el modelo sin resistencia. Reeditar una política fracasada solo se comprende cuando, otra vez, lo que se busca es beneficiar a unos pocos.
Los procesos actuales en Chile, Argentina y otros países de la región evidencian una preocupante amenaza a los derechos laborales y sociales, y obligan a mirar los intereses que están tras esas propuestas. Los gobiernos de derecha que los cuestionan ganan espacio en el vacío que las izquierdas han dejado, pues allí donde primaba su defensa hoy reina confusión y dispersión. Construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria se vuelve más difícil. La historia reciente de Chile ofrece, al menos, una advertencia. Donde estas recetas ya se aplicaron, no cumplieron lo que prometieron.
