El reciente ataque que sufrió un corredor en el Parque Panul, en La Florida, tras ser mordido por un perro que participaba en un servicio comercial de paseo, abrió un debate que va mucho más allá de un hecho puntual. Será la investigación la que determine las responsabilidades específicas, pero hay una conclusión que parece evidente: el problema no fue el perro, sino la forma en que fue manejado. Cuando una persona ofrece un servicio profesional de paseo, asume también el deber de controlar a los animales que están bajo su cuidado.
Sin embargo, reducir la discusión únicamente a ese episodio sería perder una oportunidad. El caso nos obliga a preguntarnos cómo entendemos hoy la tenencia responsable de animales de compañía y si esa responsabilidad también alcanza a los espacios naturales que compartimos.
Durante muchos años fue completamente normal salir a caminar por cerros, quebradas o parques junto a nuestros perros. Era una costumbre que pocos cuestionaban. No porque existiera indiferencia, sino porque simplemente conocíamos mucho menos sobre los efectos que los animales domésticos podía generar en ecosistemas especialmente sensibles.
La evidencia nos muestra una realidad distinta. Incluso perros bien cuidados, sociables y sin conductas agresivas pueden alterar el comportamiento de aves, mamíferos y reptiles, afectar procesos de reproducción o provocar estrés en especies nativas simplemente por su presencia o por su instinto natural de persecución.
Por eso sería un error plantear esta discusión como una confrontación entre quienes aman a sus mascotas y quienes defienden la biodiversidad. No son causas incompatibles. Al contrario, una sociedad que valora la vida debe ser capaz de proteger simultáneamente el bienestar de los animales de compañía, la seguridad de las personas y la conservación de nuestros ecosistemas.
Los perros no son responsables de estos episodios. Actúan conforme a su naturaleza y responden al manejo que reciben. Cuando ocurre un accidente durante un paseo profesional, la pregunta no debiera dirigirse primero al comportamiento del animal, sino a si quien estaba a cargo cumplió efectivamente con las condiciones necesarias para prevenir esa situación.
Del mismo modo, tampoco corresponde poner en duda a los miles de familias que conviven responsablemente con sus mascotas. La enorme mayoría entiende que tener un animal implica mucho más que afecto: supone deberes, cuidados y respeto por quienes comparten los espacios públicos.
Ese mismo principio también debería aplicarse cuando hablamos de nuestros entornos naturales.
Chile ha avanzado de manera significativa en materia de tenencia responsable gracias a la Ley N.º 21.020. Hoy existe una mayor conciencia sobre identificación, esterilización, bienestar animal y obligaciones de quienes tienen mascotas. Sin embargo, gran parte de esa conversación se ha desarrollado pensando en la convivencia urbana. El crecimiento sostenido de los animales de compañía y el aumento de las actividades recreativas en espacios naturales nos plantean nuevos desafíos que requieren actualizar esa mirada.
Nuestros cerros, humedales, ríos y parques son mucho más que lugares para hacer deporte o disfrutar del paisaje. Constituyen refugios para especies que ya enfrentan enormes presiones producto de la expansión urbana, la pérdida de hábitat y el cambio climático. Proteger esos ecosistemas también forma parte de una política moderna de cuidado.
En la Región Metropolitana hemos comprobado que las políticas públicas pueden cambiar hábitos. Durante estos últimos cinco años, el Gobierno de Santiago ha impulsado programas que han permitido esterilizar, identificar y registrar a más de 220 mil perros y gatos, además de desarrollar cerca de 400 actividades educativas dirigidas a niños, niñas y personas adultas. Esos resultados demuestran que educar funciona y que construir una cultura de tenencia responsable requiere continuidad y compromiso.
Pero las políticas públicas también deben evolucionar junto con la sociedad. Hoy observamos un aumento de servicios comerciales de paseo de perros, muchos de ellos desarrollados sin estándares específicos respecto del número de animales que puede manejar una persona, la capacitación requerida o las condiciones mínimas para desenvolverse en espacios donde conviven peatones, deportistas, fauna silvestre y otros animales. Regular estas actividades no significa obstaculizar un servicio legítimo; significa establecer reglas que protejan a todos.
Lo mismo ocurre con el acceso de mascotas a áreas naturales especialmente sensibles. Las restricciones existentes no buscan castigar a quienes quieren compartir tiempo con sus animales, sino resguardar ecosistemas frágiles cuya conservación beneficia a toda la sociedad. Del mismo modo, en aquellos espacios donde el ingreso de perros sí está permitido, mantenerlos con correa no debería entenderse como una obligación incómoda, sino como una expresión básica de responsabilidad y respeto.
El desafío no consiste en elegir entre las personas, las mascotas o la naturaleza. Consiste en comprender que todas forman parte de un mismo sistema de convivencia. Así como hemos aprendido que la tenencia responsable implica alimentar, vacunar, identificar y cuidar adecuadamente a nuestros animales, también debemos incorporar una dimensión que hace algunos años apenas comenzábamos a comprender: cuidar a nuestras mascotas también significa evitar exponerlas a situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar, afectar a otras personas o dañar ecosistemas que pertenecen a todos.
La protección de la biodiversidad y el bienestar animal no avanzan por caminos separados. Se fortalecen mutuamente cuando entendemos que ambas buscan exactamente lo mismo: proteger la vida.
