Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, que apuntan a endurecer la persecución contra organizaciones de izquierda bajo el argumento de combatir el extremismo, trascienden la política doméstica de Estados Unidos. No solo porque provienen de la principal potencia mundial, sino porque reactivan una lógica que América Latina conoce demasiado bien: la construcción de un enemigo político cuya sola existencia es presentada como una amenaza para la democracia.
La historia demuestra que los procesos de persecución política no comienzan con detenciones masivas ni con la suspensión de derechos fundamentales. Comienzan mucho antes, cuando determinados sectores son descritos como peligrosos por definición, cuando la discrepancia política deja de ser entendida como una condición propia de la democracia y pasa a interpretarse como una amenaza que debe ser neutralizada.
Durante la Guerra Fría, esa lógica sirvió para justificar una de las coordinaciones represivas más brutales que ha conocido nuestro continente. Bajo el amparo de la doctrina de la seguridad nacional, las dictaduras del Cono Sur desarrollaron la Operación Cóndor, un sistema de cooperación destinado a perseguir a opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. El anticomunismo dejó de ser únicamente una posición ideológica para convertirse en una herramienta de legitimación de la represión estatal.
Chile fue uno de los países donde esa narrativa alcanzó su máxima expresión. La dictadura construyó la idea de que toda organización de izquierda, movimiento social o expresión crítica podía formar parte de un enemigo interno que justificaba la suspensión de garantías democráticas y la utilización del terrorismo de Estado. Décadas después, la verdad judicial y el trabajo de las comisiones de verdad demostraron que esa construcción discursiva sirvió para encubrir violaciones sistemáticas a los derechos humanos que afectaron a miles de personas, muchas de ellas sin vínculo alguno con organizaciones armadas.
Por supuesto, el contexto internacional de 2026 no es el de los años setenta. Las instituciones democráticas son distintas, los equilibrios geopolíticos han cambiado y las condiciones políticas no son comparables. Sin embargo, sería un error creer que las democracias solo retroceden mediante golpes de Estado. La evidencia comparada muestra que también pueden erosionarse gradualmente cuando el lenguaje político comienza a dividir a la ciudadanía entre quienes merecen plenamente sus derechos y quienes pasan a ser considerados enemigos del orden democrático.
Esa transformación suele comenzar con las palabras. La deslegitimación sistemática de organizaciones sociales, partidos políticos o movimientos ciudadanos genera un clima donde medidas que antes parecían inaceptables empiezan a percibirse como razonables. La excepcionalidad se normaliza y las garantías democráticas dejan de ser universales para convertirse en privilegios reservados únicamente para quienes piensan de determinada manera.
En Chile este fenómeno no debería pasar inadvertido. En los últimos años hemos visto cómo parte del debate público ha recuperado conceptos propios de la Guerra Fría para caracterizar a actores políticos y sociales. Organizaciones feministas, sindicatos, movimientos estudiantiles, agrupaciones ambientalistas e incluso organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han sido presentadas, en distintos momentos, como amenazas para el orden público o como expresiones de un supuesto extremismo que justificaría limitar su acción política. No se trata de episodios aislados, sino de una forma de entender la democracia donde la diferencia deja de ser legítima y pasa a convertirse en sospechosa.
La memoria histórica no consiste únicamente en recordar las violaciones a los derechos humanos del pasado. También implica reconocer los mecanismos mediante los cuales esas violaciones llegaron a ser posibles. Ninguna sociedad comienza persiguiendo personas; antes persigue ideas. Ningún régimen autoritario nace eliminando derechos de un día para otro; primero instala la convicción de que existen ciudadanos cuyos derechos pueden relativizarse porque representan un peligro superior.
Por eso, más allá de las simpatías o diferencias que cada uno pueda tener respecto de las organizaciones de izquierda, lo verdaderamente relevante es preguntarnos qué ocurre cuando un gobierno decide que determinadas ideas políticas dejan de ser parte del pluralismo democrático y pasan a ser objeto de persecución estatal. Esa pregunta no interpela únicamente a Estados Unidos. También interpela a Chile, un país cuya historia demuestra el enorme costo humano que tiene convertir la política en una guerra entre enemigos irreconciliables.
La democracia no se fortalece eliminando adversarios. Se fortalece garantizando que incluso quienes sostienen ideas profundamente distintas puedan participar en igualdad de condiciones dentro del marco institucional. Olvidar esa lección sería, quizás, la forma más peligrosa de olvidar nuestra propia historia.
