La intempestiva alza en el precio de los combustibles tras la “crisis del petróleo ” tuvo un impacto desproporcionado en nuestro país. La decisión del gobierno de suspender los subsidios a la bencina y diésel fue percibida como un abandono a la población más vulnerable, y tuvo a nuestro país al borde de la paralización. Autoridades, empresarios y académicos mantienen un enardecido debate sobre cómo distribuir los impactos económicos y sociales de una “guerra que nadie pidió”.
Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la justicia ambiental y climática, el devenir de los hechos parece un escenario altamente predecible, casi una profecía autocumplida. Era solo cuestión de tiempo que estallara otra guerra basada en los recursos fósiles. También era cuestión de tiempo para que Chile, país todavía altamente dependiente de este recurso volátil e ineficiente, sufriera consecuencias importantes ante una emergencia de este tipo.
Cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció el año 2019 lo que se convertiría en el “Plan de Descarbonización al 2040 ”, varias organizaciones de la sociedad civil y comunidades respondieron categóricamente: no podemos esperar. Inmediatamente se propusieron cronogramas alternativos al 2030, de cara a los impactos en la salud de las personas y los ecosistemas de dichos territorios.
Dicha oportunidad se perdió entre informes técnicos y discursos de expertos, que tildaban de poco realista dicho anhelo. Luego, las mismas autoridades y otras voces del sector empresarial moverían los límites de lo posible para impulsar las supuestas "verdaderas soluciones": la creación de megaproyectos de transmisión eléctrica, el despliegue de megaproyectos de hidrógeno verde de exportación y la explotación intensiva de salares para la extracción de litio.
Este doble estándar respecto a la agenda energética es una manifestación del modelo de transición al que ha apostado nuestro país: una transición “no gobernada”, en la que, a pesar de contar con múltiples instrumentos de planificación, el devenir de la matriz energética nacional continúa completamente relegado a los intereses de los principales sectores industriales del país. Así, las políticas de transición energética parecen enfocarse a comunicar a los inversionistas un buen escenario de rentabilidad y certeza, más que a proponer directrices para un modelo energético sustentable y resiliente.
En las últimas semanas, ha quedado demostrado que los impactos de esa falta de planificación y gobernanza golpean principalmente a la población más vulnerable. Ello vuelve a abrir un debate sobre lo “urgente”, lo “importante” y lo “estratégico” en materia energética, una diferencia que, desde una perspectiva climática, resulta casi indistinguible. Nuestra capacidad para mitigar los impactos de la crisis dependerá de las decisiones que tomemos en lo que resta de esta década.
Sin embargo, sería iluso pensar que esas decisiones dependen solamente de la voluntad de nuestro país. Como país dependiente de la importación de combustibles fósiles, resulta impostergable la cooperación internacional de otros países en transición, en términos financieros, tecnológicos y de gobernanza.
Por otro lado, no basta con contar con fuentes renovables de alta calidad; el desarrollo de infraestructura requiere acuerdos económicos y políticos con otros países que apuesten por esta agenda de sustentabilidad y soberanía energética. La pregunta es: ¿estamos aprovechando como país todas las oportunidades disponibles para resistir esta crisis energética?
En esa línea, hoy termina la Conferencia de Santa Marta, la primera conferencia internacional sobre el abandono de los combustibles fósiles. Una oportunidad sin igual para alcanzar acuerdos de cooperación con los países que apuestan por una matriz energética limpia y segura.
