Tradicionalmente, la movilidad ha sido vista como el desplazamiento de personas, a través de distintos modos de transporte, con fines de estudio, trabajo, recreación, entre otros. Bajo esta mirada, los factores determinantes han sido los tiempos de viaje, la infraestructura disponible y el modo de transporte utilizado. Asimismo, nuestras políticas públicas, al momento de evaluar proyectos de transporte e infraestructura, han puesto como elemento fundamental el tiempo de viaje y el costo económico asociado al ahorro de dichos tiempos.
Sin embargo, la evidencia nos está demostrando diariamente que la movilidad trasciende el ámbito exclusivo de la infraestructura y al transporte y afecta directamente en la salud de la población. Nuestros viajes nos exponen cotidianamente a factores como la contaminación, el ruido y el estrés, los cuales impactan la salud física y mental de la población.
En ese sentido, cabe hacer notar que el transporte es responsable de más de un tercio de las emisiones contaminantes de la RM y, de este modo, fomentar modos de transporte más sostenibles contribuye a reducir la contaminación como a mejorar la calidad del aire. Asimismo, la inversión en movilidad activa genera beneficios sanitarios innegables para la población reduciendo factores de riesgo asociados al sedentarismo, contribuyen al bienestar físico y mental de las personas y generan beneficios sociales y económicos de largo plazo.
Dicho de otra forma, cuando invertimos en mejores veredas, ciclovías y espacios públicos no solo contribuimos a una mejor movilidad sino que prevenimos patologías crónicas como la diabetes, los problemas cardiacos y contribuimos a la salud mental.
Es decir, mirado desde una perspectiva más amplia, una movilidad sostenible y activa debe ser una política de Estado que vaya más allá de los actores tradicionales preocupados de la infraestructura y el transporte e incorporar una perspectiva de prevención a problemas crónicos de salud y a los ahorros de recursos públicos que genera esta prevención.
Esta nueva mirada también puede ser aplicada tanto a los sistema de evaluación de proyectos de transportes e infraestructura como a su financiamiento. Así, la mejora de veredas, la construcción de ciclovías, la renovación de buses por flotas eléctricas y la nuevas líneas de Metro pueden ser financiadas tanto desde una perspectiva de movilidad tanto como de prevención de salud, permitiendo importantes ahorros en materia de salud pública.
En el Gobierno de Santiago estamos empeñados en el diseño de un Plan Maestro de Ciclovías que contempla 820 km de la ciudad y uno de sus principales desafíos es precisamente es el financiamiento de la ejecución de esta red y, en la perspectiva que estamos planteando, las alternativas de financiamiento tanto públicas como privadas se multiplican.
En suma, siempre para los proyectos de infraestructura y transportes el financiamiento ha sido uno de sus desafíos fundamentales, en los cuales el Estado ha jugado un rol prioritario. Sin embargo, si estos proyectos tienen una perspectiva de movilidad activa y sostenible tanto su justificación técnica como su financiamiento se ven robustecidos.
Construir ciudades saludables implica invertir en movilidad activa y sostenible, contribuyendo a prevenir muertes, mejorar la salud de la población y ahorrar enormes recursos al país. Esa es la perspectiva que debemos incorporar cuando discutimos proyectos de movilidad activa y sostenible.
