Defensores ambientales que alzan la voz contra la contaminación y degradación en sus territorios a veces se enfrentan a una violencia que ha crecido en Chile.
Denuncias de contaminación ambiental. Foto: Agencia UNO.
El 2025 ha sido el año más violento en Chile para defensoras y defensores ambientales que denuncian la contaminación y degradación ambiental de sus territorios, según revela un nuevo informe de la organización Escazú Ahora, documentando un aumento de 53% en los casos de agresiones contra personas que ejercen esta labor social.
Entre los casos se encuentran decenas de personas que muchas veces ni siquiera se identifican a sí mismas como ambientalistas, pero que se vieron enfrentadas a una situación que amenazan las formas de vida y sustento de sus comunidades, así como la salud de los ecosistemas que habitan.
El informe destaca tres casos donde las personas agredidas eligieron revelar su identidad para aumentar la conciencia sobre la situación.
Rosa Salas era una vecina más de la comuna de El Monte en la ribera del río Maipo, hasta que empezó a notar ruidos constantes de maquinaria, el paso de grandes camiones, polvo en suspensión y movimientos de tierra que intervinieron el río y un humedal circundante, y generando la contaminación de la ribera con residuos industriales acopiados.
Rosa averiguó que el proyecto de extracción de áridos no contaba con los permisos municipales para operar a la escala en que lo estaba haciendo. Pero al denunciar junto a su vecino Renato, se enfrentó a plazos que se atrasaban constantemente y fiscalizaciones que demoraban en llegar, mientras la intervención del río continuaba.
Por su labor, Rosa ha sido amenazada y tildada de “ecoterrorista” además de enfrentar el miedo constante de vivir en el mismo lugar donde está denunciando. Pero ella declara que no es una “ambientalista radical” sino que busca proteger el humedal, el suelo agrícola, la flora y las aves con las que se crió y la vida comunitaria de su sector en la comuna.
Alejandra Parra nació y creció en la región de La Araucanía, en contacto con ríos y una naturaleza única. Esta cercanía temprana la inspiró a estudiar biología y también a integrar el movimiento socioambiental en su comuna, al ver la degradación a la que estaba siendo sujeta la naturaleza que la rodeaba.
Parra se unió a la oposición contra el proyecto WTE araucanía; una planta de incineración de residuos que busca instalarse en Lautaro. Especializada en gestión de recursos naturales, Parra denuncia que este método emite dioxinas, furanos y metales pesados altamente tóxicos, generando la contaminación del suelo, el aire y el agua además de afectar la producción de alimentos.
En medio de su labor, fue víctima de una campaña de desprestigio y de violencia digital que difundió en redes sociales amenazas contra la defensora ambiental y un video falso hecho con inteligencia artificial donde se la relacionaba con Héctor Llaitúl, señalando que ella desinformaba a la comunidad con respecto al proyecto. Alejandra interpuso una querella criminal por amenazas contra quienes resulten responsables.
Matías Rojas no se considera ambientalista, pero en su labor de periodista empezó a informar a la comunidad de Teno en la región del Maule sobre la contaminación de los cursos de agua en la comuna, y la presencia de actividades industriales que emiten olores que afectan a las y los vecinos.
Al denunciar faenas de extracción de áridos, Matías Rojas fue golpeado como una forma de amedrentamiento. El periodista y ex concejal presentó una querella, pero mientras esta aún no da resultados, fue agredido nuevamente: desconocidos incendiaron su auto.
Rojas continúa ejerciendo su labor mientras denuncia que las agresiones en su contra en un intento por silenciarlo también atentan contra el derecho de la comunidad a mantenerse informada sobre situaciones que afectan directamente a su entorno y salud.
Estos son solo tres de las decenas de casos que nutren el informe de Escazú Ahora. El objetivo de este conteo es denunciar la vulnerabilidad y falta de protección a quienes alzan la voz para proteger a la naturaleza que sustenta las vidas de sus comunidades.
Los investigadores llaman a tener mayor conciencia sobre la importancia de este rol en la sociedad, y a que el Estado avance en cumplir sus compromisos internacionales, tramitando una ley de defensores ambientales y fortaleciendo el protocolo que ya existe para que estos accedan a la justicia.
