La contaminación del espacio público implica menor seguridad para la vida urbana, pero la realidad de un Chile atestado de cables en desuso espera cambiar.
La contaminación del espacio público implica menor seguridad para la vida urbana, pero la realidad de un Chile atestado de cables en desuso espera cambiar.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puso en marcha el Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, bajo la Ley N° 21.172, o "Ley Chao Cables". Luego de esperar seis años en implementarse, se busca reducir la contaminación visual e intervenir más de 66 mil puntos en 319 comunas de las 16 regiones del país durante tres años.
La primera etapa, en curso durante 2026, cubre 34 comunas en nueve regiones, con inicio en el sector de Walker Martínez con Colombia, en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.
El plan, liderado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el tendido aéreo en desuso —lo que en el lenguaje cotidiano se conoce como " basura aérea"— y a ordenar la infraestructura que permanece activa. Según la subsecretaria Romina Garrido, la iniciativa busca "entregar a las personas mejores barrios y espacios urbanos, libres de basura aérea, más limpios y más seguros".
Felipe Muñoz Vallejos, alcalde de Estación Central y presidente de la Comisión de Transportes y Obras Públicas de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), es uno de los jefes comunales que más ha impulsado la implementación de la normativa. Su comuna, con más de 181 mil habitantes y una alta concentración de terminales de buses, representa uno de los nudos más complejos de la Región Metropolitana en términos de cableado.
"No solo por el tema estético, que de por sí es importante porque realmente se ve muy feo, sino también porque el cableado en desuso estaba ocasionando daños concretos: los postes empezaron a ladearse por el peso de toda esa basura aérea, lo que generaba condiciones para accidentes de tránsito en varios sectores", afirma Muñoz Vallejos.
Estación Central adelantó el trabajo a fines de 2025, con intervenciones en el sector de los terminales de buses. "Logramos ordenar esa zona, y esperamos continuar en los próximos meses con otros lugares que presentan el mismo nivel de atochamiento", señala el edil. Para avanzar con criterio, la Dirección de Obras Municipales elaboró un catastro que identifica los puntos de mayor complicación y peligro, información que luego se traspasa a las empresas de telecomunicaciones para distribuir el trabajo por sectores.
Sin embargo, el alcalde hace una precisión conceptual relevante: "Creo que es importante aclarar algo: esta no es una ley chao cable, es una ley ordena cable. Lo que hace es tomar los cables, ordenarlos y retirar los que están en desuso". La aclaración apunta a un límite real del plan: la cantidad de cableado activo sigue creciendo, a medida que más empresas instalan nueva infraestructura sobre los mismos postes.
Más allá del avance que representa la ley, Muñoz Vallejos identifica un cuello de botella concreto: muchas comunas quieren coordinarse para avanzar, pero la capacidad de ejecución simultánea es limitada. "Lo que los municipios necesitan es contar con más herramientas para agilizar estos procesos, para que las empresas actúen con la urgencia que el tema merece", indica.
En esa línea, propone que se habiliten mecanismos que permitan a los municipios retirar directamente los cables y traspasar los costos a las empresas cuando estas no tengan capacidad de responder. Además, Estación Central trabaja en una ordenanza municipal que establezca normas internas propias para abordar el problema en su territorio.
Respecto al rol de cada actor, el alcalde es directo: "Los municipios tenemos la labor y la oportunidad de identificar los puntos críticos; con ese catastro en mano, se puede traspasar la información a las empresas de telecomunicaciones para que se distribuyan el trabajo por sectores. Y le corresponde al Estado fiscalizar que lo establecido en la ley y lo comprometido por las empresas efectivamente se concrete".
Para Antonio Zumelzu Scheel, Director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo Universidad Austral de Chile e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y del Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh), la iniciativa va mucho más allá de una operación de limpieza visual.
"Es una ley fundamental para mejorar la calidad del espacio público, un tema muy pendiente hace años. Las ciudades regionales son las más afectadas por el desorden del cableado urbano", sostiene Zumelzu Scheel, quien distingue dos dimensiones de impacto.
La primera es estética: los cables en desuso o mal organizados deterioran la percepción de barrios históricos y residenciales, afectando tanto la identidad visual como la experiencia cotidiana de sus habitantes.
La segunda es funcional: en muchas comunas, los árboles urbanos han sido mutilados para dar paso al cableado, lo que les impide cumplir funciones ambientales básicas como la captación de CO y la generación de confort térmico.
"Además, el retiro de cables facilita las labores de emergencia y reduce las vulnerabilidades frente a temporales y vientos, algo especialmente relevante en el sur de Chile", agrega.
El académico también valora el modelo de gestión colaborativa que propone el plan. "Me parece una iniciativa fantástica, porque es como debe funcionar la administración urbana en estos tiempos: informada, con mesas técnicas integradas, donde se incorpore tanto la evidencia científica como el trabajo local", señala.
Zumelzu Scheel proyecta una transformación concreta del paisaje urbano. "Me imagino un diseño urbano mucho más contemporáneo, con calles realmente orientadas al peatón", afirma. En su análisis, el retiro del cableado permitirá que otras políticas nacionales —como la estrategia de infraestructura verde, aprobada recientemente— se implementen con mayor claridad y coherencia territorial.
El arquitecto también trae referentes internacionales al debate: la mayor parte de las ciudades europeas lleva décadas sin cables aéreos, lo que ha permitido la revalorización de edificios patrimoniales e impulsado procesos de peatonalización en ciudades del sur de España y el norte de Europa. "Los cables tapan fachadas que son muy valiosas desde el punto de vista arquitectónico. Librarlas va a realzar el espacio y generar beneficios importantes para quienes lo usan cotidianamente", concluye.
En Chile, las áreas que concentran mayor potencial de transformación son los centros urbanos, que acumulan décadas de cableado superpuesto. Con 66 mil puntos de intervención proyectados y una ley que por fin comenzó a operar, el desafío ahora es la velocidad y coordinación de su ejecución en el territorio para lograr que la sostenibilidad urbana comience a florecer.
