La propuesta del gobierno de José Antonio Kast corta iniciativas de apoyo a energías renovables en zonas rurales, calefacción limpia e hidrógeno verde, y traspasa sus funciones a la SEC, Corfo y el Ministerio del Medio Ambiente.
La propuesta del gobierno de José Antonio Kast corta iniciativas de apoyo a energías renovables en zonas rurales, calefacción limpia e hidrógeno verde, y traspasa sus funciones a la SEC, Corfo y el Ministerio del Medio Ambiente.
Se trata del primer erario del gobierno de José Antonio Kast. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027, ingresado el miércoles 30 de septiembre al Congreso Nacional por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, contempla la descontinuación de siete programas del Ministerio de Energía.
Además, propone una reducción de 15% para un octavo programa. Las medidas recogen las recomendaciones de eficiencia formuladas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para acotar el gasto en áreas con baja evaluación, evitar duplicidades con otras reparticiones o absorber funciones en la administración central.
De esta forma, se fijará un alza de 1,5% del gasto público para el próximo año. Al entregar el documento a la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, Quiroz sostuvo: "Es una expansión moderada del gasto, es un presupuesto responsable".
Los recortes en Energía, sin embargo, tienen un antecedente. En abril, un oficio de Hacienda recomendó descontinuar 142 programas de 22 ministerios, con un costo anual cercano a los $5,4 billones.
Tras la polémica, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, afirmó: "Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular". Entre las iniciativas de la cartera incluidas en ese listado estaban programas para generar energía limpia en casas y secar leña, varios de ellos con evaluación favorable.
En el ámbito institucional, el Programa de Fortalecimiento Institucional Regulatorio, una unidad de apoyo técnico externo para el diseño normativo del mercado eléctrico y de combustibles, se cierra por carecer de indicadores de impacto y duplicar funciones. Por lo tanto, sus labores pasarán a los equipos permanentes de la Subsecretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
De la misma forma, el Programa de Estudios Especiales para la Calidad del Servicio Distribuidor, que encargaba auditorías a consultoras privadas sobre el desempeño de las empresas distribuidoras, queda integrado en la partida regular de fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que tiene por ley esas atribuciones.
En el plano local, el Programa de Asistencia Técnica para Municipios Energéticos, que financiaba consultorías para diseñar planes de energía comunal, termina tras cumplir su fase piloto. Desde ahora, las municipalidades deberán ejecutar esos planes con guías estandarizadas, sus propios equipos o recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
A su vez, el Programa de Difusión y Capacitación en Eficiencia Energética Comunal, que realizaba talleres en juntas de vecinos y colegios, se reemplaza por plataformas e-learning del Estado.
En cuanto a las energías renovables, el Programa de Fomento Local a Energías Renovables de Pequeña Escala, que financiaba con fondos concursables soluciones fotovoltaicas y eólicas en comunas rurales y zonas aisladas, se cierra por su baja ejecución presupuestaria y la atomización de proyectos. Sus objetivos se traspasan al financiamiento multilateral y al mercado de pequeños medios de generación distribuida (PMGD).
Asimismo, el Programa de Apoyo a la Transición Térmica Residencial Regional, que impulsaba el reemplazo de calefactores a leña en el centro-sur del país, se cierra por su traslape con los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA).
Los subsidios se concentrarán en el Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, el Programa de Promoción de Innovación en Hidrógeno Verde para Pymes traslada su línea de cofinanciamiento a la Corfo.
A diferencia de las siete iniciativas descontinuadas, el Programa de Desarrollo Tecnológico y Eficiencia Energética Industrial seguirá operativo, aunque con una reducción presupuestaria de 15%. Sus recursos se focalizarán en las industrias de mayor intensidad energética e incorporarán cofinanciamiento privado.
Si el diseño se concreta, el cambio más directo recaerá en las comunidades rurales y aisladas. El fondo de renovables de pequeña escala era una vía de acceso directo a la generación limpia para hogares y organizaciones locales.
En cambio, el mercado de PMGD reúne proyectos de hasta nueve megawatts conectados a redes de distribución, desarrollados mayoritariamente por inversionistas privados. Por consiguiente, el traspaso modifica la lógica del beneficio: de soluciones para comunidades a un mercado de inversión.
Por otra parte, el cierre del apoyo a la calefacción limpia ocurre en las regiones donde la combustión de leña es una de las principales fuentes de contaminación del aire en invierno. La unificación de subsidios en el Ministerio del Medio Ambiente requerirá una transición sin vacíos de cobertura, en un contexto en que trabajadores de la Agencia de Sostenibilidad Energética ya denunciaron despidos y fondos pendientes que pondrían en riesgo programas de energía limpia en hogares y escuelas.
Del mismo modo, el reemplazo de talleres presenciales por plataformas digitales plantea el desafío de llegar a vecinos con menor acceso a internet.
En tanto, la autonomía que se exige a los municipios dependerá de capacidades técnicas que varían entre comunas, mientras que la absorción de estudios por parte de la SEC dentro de su presupuesto regular abre la pregunta sobre si la fiscalización contará con recursos suficientes para sostener esas tareas.
La tramitación del proyecto comenzará el próximo lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, y la propuesta será revisada luego en las Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos.
Durante ese debate, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y los representantes de la Dipres deberán fundamentar los criterios técnicos de la descontinuación y garantizar que la reorganización no comprometa los planes de transición energética ni la capacidad fiscalizadora del sector.
