El proceso liderado por Corfo para ratificar los contratos de minería de Novandino Litio incorporó gobernanza compartida, monitoreo participativo y retribuciones locales al pueblo lickanantay, aunque una comunidad fue a tribunales por su diseño.
El proceso liderado por Corfo para ratificar los contratos de minería de Novandino Litio incorporó gobernanza compartida, monitoreo participativo y retribuciones locales al pueblo lickanantay, aunque una comunidad fue a tribunales por su diseño.
La consulta indígena que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha convertido en una condición de viabilidad ambiental, social y financiera para los grandes proyectos de minería en Chile. El caso de Novandino Litio, la sociedad conjunta entre Codelco y SQM en el Salar de Atacama, es el ejemplo más reciente de ese cambio.
Durante décadas, la relación entre la minería y los pueblos originarios estuvo marcada por la asimetría, la judicialización de los conflictos y una visión asistencialista del desarrollo. Sin embargo, el estándar internacional exige que la consulta no sea un trámite administrativo ni una encuesta de satisfacción, sino un proceso que busque acuerdos reales.
El Convenio 169 descansa en tres principios. En primer lugar, la buena fe y la pertinencia cultural, que obligan a adaptar tiempos, metodologías y lenguajes a las estructuras organizativas de cada pueblo.
A ello se suma el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), que implica buscar el acuerdo antes de adoptar decisiones que alteren el territorio. Por último, el estándar contempla un diálogo horizontal, sin jerarquías corporativas, para discutir entre pares el uso de la cuenca hídrica y del suelo.
De esta forma, el enfoque trasciende la mitigación de daños y exige articular mecanismos de gobernanza compartida, un monitoreo ambiental participativo permanente y una participación equitativa en las rentas que generan los recursos naturales en los territorios indígenas.
La sociedad, diseñada en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, requería ratificar las condiciones de arriendo de las pertenencias mineras del salar, propiedad de la Corfo. Por ello, el organismo lideró un proceso de consulta indígena sobre los contratos Corfo-SQM y Corfo-Tarar, en cumplimiento directo del convenio.
El proceso comenzó en noviembre de 2024 y su etapa de diálogo concluyó el 8 de agosto de 2025 en la comunidad de Solor, en San Pedro de Atacama. "Completamente cerrado, definitivo, acordado", sostuvo quien en ese momento era presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en declaraciones recogidas por La Tercera.
Entre los compromisos del proceso figura la creación de un Comité de Relaciones Comunitarias y Gobernanza Indígena dentro de la estructura directiva de la sociedad. Además, se acordó el avance progresivo hacia la reinyección de salmuera y la eliminación de la extracción de agua continental, a través del proyecto Salar Futuro, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en julio de 2026.
Asimismo, las retribuciones se destinarán a la inversión local y al desarrollo del pueblo lickanantay, mientras que las comunidades participarán en las estaciones de control ambiental en tiempo real. Según La Tercera, los aportes se distribuirán en tres niveles (comunidades vecinas, comuna y región) y sumarán entre 3% y 3,2% de las ventas de litio de la nueva empresa.
No obstante, el camino no estuvo exento de conflictos. La Comunidad Atacameña de Coyo, integrante del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que lo declaró admisible. Entre sus reparos, acusó que el objeto de la consulta fue predefinido por Corfo sin participación indígena.
En la misma línea, otras comunidades próximas al salar, como Socaire, exigieron acceso a los contratos y participación directa en las decisiones sobre la cuenca.
Para cerrar, la experiencia de Novandino Litio plantea que la consulta indígena no constituye un freno a la inversión, más bien es una garantía de certeza jurídica ante las exigencias de los mercados de la transición energética. Bajo esa lógica, el futuro del litio y otros minerales críticos dependerá de la participación territorial real y del valor compartido.
