El compromiso privado avanza, pero encuentra un muro en la institucionalidad pública. La Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA) presentó formalmente su primera “Hoja de Ruta para la Sostenibilidad de la Industria del Plástico en Chile 2025-2035”, fijando metas de reciclaje, innovación y reducción de huella ambiental.
Sin embargo, el centro del diagnóstico gremial apunta a que este esfuerzo no podrá escalar si el Estado mantiene paralizada la regulación y la infraestructura técnica necesaria para fiscalizar el mercado.
El ejemplo más grave de este freno institucional ocurre con la Ley 21.368 de Plásticos de Un Solo Uso. Aunque la normativa incentiva el uso de bioplásticos compostables para packaging de comida preparada, el reglamento clave encargado de definir los estándares de certificación y la inspección de estos materiales sigue aplazándose indefinidamente.
“No basta con establecer estándares: necesitamos infraestructura para testear, certificar y verificar el desempeño de los materiales, de manera que el regulador pueda fiscalizar adecuadamente y las personas tengan certeza de que, por ejemplo, un envase que se declara compostables efectivamente cumple con lo que promete", explicó Magdalena Balcells, gerenta general de ASIPLA.
La brecha del cumplimiento y el abismo ciudadano
El documento de ASIPLA —articulado sobre cuatro ejes: innovación, producción y consumo sostenible, marco normativo y educación circular— exhibe un fuerte contraste de gestión.
A nivel nacional, solo entre un 20% y un 25% de las firmas de distintos rubros sujetas a la Ley REP forman parte de un Sistema de Gestión de residuos, manteniéndose muy distantes de los requerimientos legales.
En cambio, las empresas asociadas a ASIPLA registran un 95% de adhesión a dichos sistemas, además de exhibir un crecimiento del 43% en el uso de resinas plásticas recicladas mediante su Acuerdo de Producción Limpia (2021-2024) y un alza del 73% en firmas valorizadoras entre 2022 y 2024.
“Sin embargo, nuestras empresas demuestran que se puede cumplir: el 95% ya está adherido a un Sistema de Gestión. El desafío es extender ese estándar al resto de las empresas afectas a la Ley REP. Para ello, la colaboración público-privada es clave, y ASIPLA puede aportar como referente técnico, con evidencia y conocimiento de la industria”, agregó Balcells.
Incertidumbre y peligro de greenwashing
Según el Barómetro Cadem-ReSimple 2025, apenas el 30% de los chilenos recicla semanalmente y más del 50% de la recolección se realiza de forma informal.
A ello se suma la vulnerabilidad del consumidor: datos de Sernac confirman que un 71% de la población no sabe identificar prácticas engañosas de greenwashing y solo un 14% considera que dispone de información técnica adecuada para decidir sus compras.
“La ciudadanía está más atenta que nunca a estos temas, y eso es una buena noticia. Pero esa atención también es una responsabilidad para todos los actores: la industria debe innovar y entregar información transparente y verificable, y el marco regulatorio debe darle a esa información un estándar único y confiable, como por ejemplo el Sello Elijo Reciclar", culmina Balcells.