El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de Constructora Ecomac S.A., ligada a Daniel Mas, confirmando la multa por ruidos en Coquimbo.
El Primer Tribunal Ambiental confirmó una multa de 89 UTA contra Constructora Ecomac S.A., empresa vinculada al biministro Daniel Mas, por exceder los límites legales de ruido durante la construcción del proyecto “Condominio Paseo San Carlos VII” en Coquimbo. La sanción aplicada por la SMA alcanza cerca de $75 millones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto se originó por una denuncia presentada el 12 de enero de 2023 por un vecino colindante a la obra.
Dos semanas después, fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente realizaron mediciones en la vivienda del denunciante y detectaron niveles de ruido de hasta 74 decibeles en horario diurno, pese a que el máximo permitido para una zona residencial es de 65 dB(A).
Según estableció la sentencia, la diferencia de nueve decibeles implica una energía sonora muy superior a la autorizada. Los antecedentes derivaron en un procedimiento sancionatorio iniciado formalmente en mayo de 2024, cuando la obra ya había terminado y contaba con recepción definitiva desde noviembre de 2023.
La empresa intentó revertir la multa con una serie de argumentos ante el Primer Tribunal Ambiental. Entre ellos, sostuvo que el procedimiento había excedido el plazo legal, que no existía beneficio económico derivado de la infracción y que la SMA no había cumplido adecuadamente su deber de asistencia.
El tribunal rechazó íntegramente esos planteamientos. También descartó una acción subsidiaria de caducidad presentada por la inmobiliaria, indicando que dicho mecanismo no existe en el ordenamiento jurídico chileno.
Uno de los antecedentes relevantes del caso fue el cálculo realizado por la SMA respecto al ahorro económico obtenido por la empresa al no implementar medidas de mitigación acústica. El organismo estimó que Ecomac evitó gastar cerca de $58,8 millones, cifra que representa gran parte de la multa total aplicada.
Además, el fallo cuestionó las pruebas entregadas por la constructora para acreditar medidas de control de ruido. Las fotografías acompañadas carecían de fecha y georreferenciación, por lo que fueron consideradas insuficientes.
La decisión no fue unánime. La ministra Sandra Álvarez votó en contra y estuvo por anular el procedimiento sancionatorio, argumentando que la tramitación superó el plazo de seis meses establecido por la Ley N°19.880.
La sentencia quedó fechada el 30 de marzo de 2026. Días después, Daniel Mas presentó ante la Contraloría su declaración de patrimonio e intereses, documento que, según consignó T13, alcanza 293 páginas y detalla un patrimonio cercano a los US$100 millones.
La declaración incluye participaciones en más de 50 entidades vinculadas a los sectores inmobiliario, agrícola y financiero. Entre ellas figura el 50% de Administradora Ecomac S.A. y de 2M Inmobiliaria SpA, además de la propiedad total de Inversiones Buca 2, valorizada en más de $42 mil millones.
El documento también señala que Mas mantiene copropiedad en 390 inmuebles a nivel nacional y que firmó un fideicomiso ciego con Picton Administradora General de Fondos por $8.858 millones.
Antes de asumir como biministro de Economía y Minería, Daniel Mas ya había identificado la llamada “permisología” como uno de los principales problemas para la inversión privada.
En 2024 declaró a El Mercurio que le preocupaban “la burocracia y la permisología”, mientras que en marzo de 2026, durante un seminario organizado por Sura Investments y consignado por The Clinic, afirmó que buscaría “combatir frontalmente la permisología que las empresas sufren a la hora de sacar adelante un proyecto”.
Ante el Senado, además, sostuvo que uno de los ejes centrales de su gestión sería “entregar certeza jurídica reduciendo permisos”, planteando la necesidad de avanzar hacia un “Estado facilitador” para incentivar la inversión privada.
