La Comisión de Pesca del Senado comenzó a revisar el proyecto que crea el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos, impulsado por Iván Flores.
Buscan castigar más a delitos como venta ilegal de pescados, entre otros - Agencia Uno
La Comisión de Pesca del Senado inició la tramitación de un proyecto de ley que busca crear un delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos, con el objetivo de fortalecer la persecución penal contra redes criminales vinculadas a la pesca ilegal, el comercio clandestino de especies marinas y el lavado de activos.
La iniciativa fue presentada por el senador Iván Flores (DC) y cuenta con el respaldo transversal de los integrantes de la comisión, quienes firmaron la moción que modifica diversos cuerpos legales para sancionar de manera específica este tipo de conductas.
Según explicó Flores, el propósito de la propuesta es entregar al Estado herramientas más eficaces para perseguir organizaciones que han convertido el tráfico de recursos hidrobiológicos en un negocio altamente lucrativo.
“Debemos ser capaces de perseguir con más y mejores herramientas estas acciones criminales que lamentablemente se han extendido en diversas áreas y regiones del país”, señaló el parlamentario, quien advirtió que la pesca ilegal se ubica entre las actividades ilícitas más rentables del mundo después del narcotráfico.
El senador sostuvo que actualmente existen estructuras criminales dedicadas a la extracción, transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de productos del mar, afectando no solo los recursos naturales, sino también la salud pública, la economía y la confianza en las instituciones.
Uno de los antecedentes que motivó el proyecto fue la denominada Operación Nereida, investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones que desarticuló una organización dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
La causa incluyó delitos asociados como lavado de activos, cohecho, falsificación de documentos y delitos contra la salud pública.
De acuerdo con los fundamentos de la moción, en ese caso fueron detenidas 54 personas, entre ellas funcionarios públicos, Guillermo Quiroz, exdirector regional subrogante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en Los Ríos, y se estima que la evasión tributaria podría superar los 6 mil millones de pesos, mientras que el volumen total investigado podría alcanzar los 40 mil millones.
Flores también aludió a una operación desbaratada recientemente en el sur del país, donde se investigan fraudes por miles de millones de pesos y la participación de distintos actores de una red que incluiría transportistas, funcionarios y otros involucrados en la cadena de comercialización ilegal.
La propuesta incorpora un nuevo artículo en la Ley de Pesca y Acuicultura, creando el delito de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos para sancionar a quienes exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, distribuyan o almacenen recursos obtenidos ilegalmente.
Asimismo, contempla castigos para quienes falsifiquen documentos destinados a trasladar o comercializar estos productos y permite aplicar técnicas especiales de investigación cuando exista una operación sistemática u organizada.
La iniciativa propone penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio, además de multas y el comiso de embarcaciones, vehículos, herramientas y otros elementos utilizados para cometer el delito.
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la incorporación de este delito a la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar también a empresas que participen en estas actividades ilícitas.
Los autores de la moción sostienen que la actual legislación obliga a perseguir estos hechos mediante figuras penales dispersas, como cohecho, lavado de activos o infracciones pesqueras, sin abordar de manera integral el fenómeno del tráfico ilegal de recursos hidrobiológicos. Por ello, consideran necesario establecer una figura autónoma que permita atacar toda la cadena delictiva.
Los impulsores del proyecto argumentan que la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos afecta múltiples bienes jurídicos, entre ellos la sustentabilidad ambiental, la seguridad alimentaria, la salud pública, la probidad administrativa y el orden público económico.
En ese contexto, la propuesta busca reforzar la capacidad del Estado para enfrentar una actividad que, según sus autores, se ha transformado en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales y constituye una amenaza creciente para el patrimonio natural y económico de Chile.
