Pese a los hallazgos del informe, la subsecretaria Constanza Castillo indicó que estos no corresponden a irregularidades concluidas y que serán evaluados nuevamente.
Licencias médicas extendidas por más de un año, gastos asociados a convenios con fondos sin rendir y patrones de contratación reiterada durante el último período de la administración anterior figuran entre los principales hallazgos del “Informe de Inspección Total al Estado”, elaborado a solicitud del gobierno del presidente José Antonio Kast.
El documento, preparado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), analiza el período 2025-2026 y fue encargado con el objetivo de detectar eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos en más de 500 instituciones del Estado.
El informe se enmarca en el plan de auditorías impulsado por la actual administración, orientado a transparentar el gasto fiscal y alineado con una política de ajuste y eficiencia del aparato estatal. En ese contexto, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, subrayó el alcance de la iniciativa.
“Estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”, sostuvo.
Sin embargo, los resultados del informe de auditoria “no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas”, aclaró Castillo. De todas formas, no dejarán de ser foco de análisis por parte del gobierno.
En el ámbito de las licencias médicas, el informe detectó que cerca de 100 mil funcionarios solicitaron reposo por períodos superiores a un mes durante el período analizado. Asimismo, se identificaron alrededor de mil casos en los que las licencias se extendieron por más de un año.
Respecto de la dotación de personal, el documento da cuenta de más de 2.500 ingresos a planta durante el último tramo de 2025, además de procesos de traspaso masivo de trabajadores desde honorarios hacia contrata.
En materia de transferencias y convenios, se identificó la ejecución de más de USD 140 millones en recursos asignados a entidades con menos de un año de existencia, lo que abre una línea de revisión sobre la trazabilidad de dichos fondos.
Otro de los puntos observados corresponde a más de 65 mil operaciones realizadas mediante la modalidad de “Compra Ágil”, donde se advierte la reiteración de contrataciones a un mismo proveedor en un mismo día para servicios similares, lo que podría sugerir fragmentación de compras.
Asimismo, el informe da cuenta de la firma de más de mil contratos entre julio de 2025 y febrero de 2026, los que implican compromisos fiscales de mediano y largo plazo.
A ello se suma la revisión de más de mil convenios ya finalizados y pagados en su totalidad, pero que presentan montos pendientes de rendición, cifra que supera los US$50 millones.
