Tras el cierre de la indagatoria, la Corte de Apelaciones de Coyhaique deberá resolver el futuro del legislador y de otros siete imputados.
Senador Miguel Ángel Calisto. Créditos: Agencia Uno.
En un escenario complejo para el senador Miguel Ángel Calisto (IND), el Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó no dar lugar a la solicitud de cautela de garantías interpuesta por su defensa, cerrando definitivamente la puerta a una eventual reapertura de la etapa investigativa en la causa que lo vincula —junto a otras siete personas— por un presunto fraude al fisco por $100 millones.
El dictamen dictado por el magistrado Mario Devaud Ojeda, quien lideró la audiencia desarrollada bajo modalidad mixta (presencial y telemática), desestimó los cuestionamientos de los abogados del parlamentario.
En la contraparte, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) defendieron la regularidad del proceso. Los acusadores argumentaron con éxito que el fin de la indagatoria no vulneró los derechos ni las garantías constitucionales del legislador, postura que fue totalmente respaldada por el tribunal.
La resolución judicial se da a conocer inmediatamente después de que la Fiscalía ingresara, el pasado viernes, la acusación formal en este caso denominado de "asesorías fantasmas".
Tras este hito, el proceso penal sigue su marcha sin alteraciones, quedando ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Coyhaique el análisis de la solicitud de desafuero que el Ministerio Público ya presentó en contra de Calisto para poder proceder judicialmente en su contra.
Recordemos que, de dictar un desafuero, sería la segunda vez que el parlamentario perdería la protección legal que tiene como legislador, que le impide a la justicia procesarlo o detenerlo sin la autorización de un tribunal superior.
En septiembre de 2025, la Corte Suprema confirmó el desafuero para Calisto, cuando ejercía como diputado y en el marco de la misma investigación que lo vincula a asignaciones fantasmas entre 2018 y 2022.
Sin embargo, en noviembre del año pasado logró ser electo como senador, por lo que recuperó nuevamente su fuero según lo dicta la Constitución, obligando a la fiscalía a reiniciar el trámite judicial desde cero.
