El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, se querelló contra periodistas y directores de El Ciudadano tras un reportaje en su contra recibiendo duro revés judicial.
En la fotografía Gobernador del Biobío Sergio Giácaman - Agencia Uno
La Justicia asestó un duro revés al gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, luego que el tribunal resolviera sobreseer la querella por injurias que había presentado contra periodistas y directores del medio El Ciudadano a raíz de una publicación periodística que cuestionaba aspectos de su gestión.
La resolución judicial fue interpretada como una señal relevante en favor del ejercicio periodístico y del derecho a la libertad de expresión, especialmente en casos donde autoridades públicas recurren a acciones judiciales contra medios de comunicación por informaciones de interés público.
La acción legal impulsada por Giacaman apuntaba en contra de la exdirectora del medio de comunicación “El Ciudadano”, Josefa Barraza, y su actual director, Javier Pineda, a quienes acusó de haber afectado su honra mediante la publicación de antecedentes relacionados con su desempeño como autoridad regional.
Sin embargo, el tribunal determinó el sobreseimiento de la causa, descartando la continuidad del proceso penal contra los profesionales de las comunicaciones. Además, la resolución condenó al gobernador al pago de las costas del juicio, al estimar que la acción presentada carecía de fundamentos suficientes para prosperar. Según informó El Ciudadano, la sentencia también ordenó remitir antecedentes para investigar la actuación de los abogados querellantes en el marco del proceso.
La acción judicial presentada por Giacaman había generado preocupación en organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa.
En noviembre de 2025, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) solicitó a las autoridades chilenas poner fin a las acciones judiciales contra periodistas de El Ciudadano y otros medios, advirtiendo sobre el efecto inhibidor que este tipo de querellas puede generar en el trabajo informativo y en la fiscalización de autoridades públicas.
La organización sostuvo que los reporteros deben poder investigar y publicar información de interés público sin enfrentar presiones judiciales que puedan afectar el ejercicio de su labor profesional.
Con el sobreseimiento definitivo de la causa, el tribunal cerró la posibilidad de continuar con la persecución penal contra los periodistas y directivos involucrados, reforzando el principio de que las controversias derivadas del debate público deben analizarse con especial resguardo a la libertad de expresión y al rol fiscalizador de los medios de comunicación.
La resolución reabre el debate sobre los límites de las acciones judiciales promovidas por autoridades públicas contra periodistas y medios que investigan asuntos de interés ciudadano.
