La acción judicial apunta a eventuales delitos en el proyecto minero Dominga y a pagos realizados por Andes Iron a un estudio vinculado a Ángela Vivanco.
Imagen referencial sobre proyecto Dominga - Agencia Uno
Un nuevo capítulo judicial enfrenta el controvertido proyecto minero-portuario Dominga, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella criminal presentada por Greenpeace Chile contra quienes resulten responsables de presuntos delitos de cohecho agravado, tráfico de influencias y revelación de secretos en el marco de la tramitación del proyecto de la empresa Andes Iron.
La acción judicial fue ingresada tras conocerse antecedentes sobre pagos por más de $255 millones realizados por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a que la minera ya contaba con otra representación legal.
Dicho estudio está actualmente bajo la lupa por su presunta vinculación con el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, investigación que involucra a abogados acusados de eventuales sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Desde Greenpeace sostienen que existen elementos suficientes para indagar si esos pagos buscaban influir en decisiones judiciales relacionadas con Dominga, proyecto que ha enfrentado una extensa disputa ambiental y judicial desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013.
El abogado penalista Mauricio Daza, quien representa a Greenpeace en esta causa, afirmó que es necesario esclarecer cuál fue el verdadero rol de los abogados contratados por Andes Iron y si existieron gestiones indebidas ante tribunales superiores. Además, apuntó a los vínculos que habrían existido entre integrantes del estudio jurídico investigado y el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien anteriormente emitió fallos favorables para Dominga.
Por su parte, el director de Greenpeace Chile, Matías Asun, señaló que la querella busca “restituir la confianza en las instituciones públicas” y aclarar si existieron actos de corrupción vinculados a la tramitación del proyecto minero-portuario.
El proyecto Dominga, impulsado por Andes Iron en la Región de Coquimbo, contempla la explotación de hierro y cobre junto con la construcción de un puerto.
La iniciativa ha sido rechazada en distintas ocasiones por organismos ambientales debido a sus potenciales impactos sobre ecosistemas marinos cercanos a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
En paralelo, el caso ha estado marcado por múltiples controversias políticas y judiciales durante la última década, incluyendo investigaciones anteriores relacionadas con financiamiento, conflictos de interés y decisiones judiciales favorables al proyecto.
Con la admisibilidad de la querella, ahora será el Ministerio Público el encargado de desarrollar diligencias para determinar si existieron delitos asociados a los pagos investigados y eventuales influencias indebidas en la tramitación judicial de Dominga.
