La querella de Greenpeace por Dominga busca aclarar pagos al estudio Lagos, Vargas & Silber y el rol de la esposa del ministro Matus, reavivando el debate.
Abogados Greenpeace
El pasado 18 de mayo el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago admitió a tramitación una querella criminal interpuesta por Greenpeace por los delitos de cohecho agravado y revelación de secreto, en el marco de la tramitación de Dominga, el megaproyecto de la empresa Andes Iron.
Uno de los primeros hechos que motivó la acción judicial, fue la revelación del medio Reportea sobre pagos que la empresa Andes Iron habría realizado al estudio de abogados Lagos, Vargas & Silber, el mismo apuntado en la denominada causa bielorrusa.
El presunto pago a Lagos, Vargas & Silber —entre marzo y diciembre de 2023— habría sido por $255.5 millones, pese a que la representación y asesoría de la empresa es ejecutada por otro estudio jurídico. Aunque se esgrimió que la remuneración fue por concepto de "asesoría jurídica y técnica", otros abogados defensores del proyecto negaron que el Mario Vargas y Eduardo Lagos participaran en la estrategia legal.
Otro de los puntos expuestos en la querella de Greenpeace, es el rol de María Cecilia Ramírez , esposa del ministro Jean Pierre Matus. Según el escrito, la cónyuge del juez de la Corte Suprema desempeñaba funciones en el estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, el cual habría recibido los pagos de Andes Iron.
En su declaración, Eduardo Lagos reconoció que Ramírez realizó asesorías permanentes durante un año, aunque sus registros de asistencia presencial solo indican que acudió a la oficina en cuatro veces en seis años. Ante esto, Lagos sostuvo que ella se conectaba vía Zoom para analizar múltiples causas.
Asimismo, en el escrito judicial, se da cuenta que en las cartolas bancarias de estudio jurídico, María Cecilia Ramírez, entre 2023 y 2024, habría recibido un total de $18 millones. Sobre aquello, la querella sostiene que los pagos coinciden con las fechas cuando Andes Iron realizó los pagos al estudio jurídico.
Para la parte querellante, su presencia en el estudio servía como una "pantalla" para canalizar beneficios económicos desde la minera hacia el entorno familiar del ministro Matus. El documento releva que el mismo juez voto en contra de un recurso de casación que terminó favoreciendo a Andes Iron.
Se argumenta que resulta "poco verosímil" que el ministro no supiera del vínculo entre Andes Iron y el estudio jurídico, dado que su esposa trabajaba ahí en la misma época en que él redactó y participó en un fallo favorable a la empresa
El abogado Mauricio Daza, representante de Greenpeace en la causa, afirma que "es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga, considerando que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están imputados y en prisión preventiva porque habrían pagado coimas a Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes".
Sobre el presunto vínculo entre Jean Pierre Matus y su cónyuge con el estudio jurídico, Daza comenta que
Por su parte, el director de Greenpeace, Matías Asun, argumentó que "esta acción judicial busca esclarecer la verdad en esta materia y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y, particularmente, la institucionalidad ambiental, puesto que este tipo de acontecimientos afecta profundamente al Estado en su conjunto".
En la misma línea, Asun recordó que durante la tramitación del proyecto, sus titulares, han estado en reiteradas ocasiones en el escrutinio público debido a acusaciones de corrupción. Ejemplo de aquello, el exfiscal Guerra, quien sobreseyó una investigación por corrupción contra Dominga— hoy se encuentra en prisión preventiva.
