Alex Vega Torres, exlíder de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de Gendarmería, fue apresado en el marco de la Operación Apocalipsis II.
Imagen referencial sobre Gendarmería de Chile - Agencia Uno
Álex Vega Torres, histórico exdirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), fue detenido este miércoles junto a otras dos personas en el marco de la Operación Apocalipsis II, nueva arista de la investigación por presunta corrupción al interior de recintos de Gendarmería de Chile.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la PDI y Gendarmería. Vega es investigado por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, además de una indagatoria por apremios ilegítimos vinculada con hechos ocurridos en 2018. Durante el registro de una vivienda fueron encontradas armas y municiones.
La indagatoria apunta a establecer si Vega habría recibido pagos para facilitar el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otras especies prohibidas o controladas al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El procedimiento contempló 14 órdenes de entrada y registro: siete en la Región Metropolitana, cuatro en el Maule, dos en Biobío y una en Magallanes. También fueron revisados casilleros en cuatro recintos penitenciarios.
La investigación sostiene, según Biobío, que los pagos bajo análisis habrían sido realizados por internos, exinternos, visitas y personas externas.
En el caso de Vega, la indagatoria considera movimientos bancarios por cerca de $248 millones entre 2020 y 2025. De ese monto, alrededor de $131,4 millones no tendrían una justificación aparente, según los antecedentes de la investigación. La Fiscalía también solicitó medidas sobre bienes y el congelamiento de once cuentas bancarias vinculadas a los detenidos.
El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, señaló que los delitos que se le imputan a Vega corresponden principalmente a cohecho agravado y lavado de activos. La Fiscalía solicitará ampliar su detención y la de su cónyuge, mientras continúa con las diligencias.
Las otras dos personas detenidas corresponden a la cónyuge de Vega y a Juan Farías Pumero, quien se desempeñaba como alcaide del IP-CRC de Punta Arenas. Las diligencias incluyeron registros en el domicilio de Vega, en Maipú, además de dependencias de Santiago 1, el penal de La Serena y las antiguas oficinas de la Anfup.
La investigación también contempla una arista vinculada con la muerte de Rodolfo Muñoz Morales, interno de Santiago 1 fallecido en enero de 2018, dos días después de una agresión registrada al interior del recinto.
Los antecedentes difundidos sobre esta causa señalan que Vega habría participado en la reducción del interno junto a otro funcionario. La investigación por esos hechos había sido cerrada sin formalizados y fue reabierta en abril de este año tras la aparición de nuevos antecedentes.
Esta arista es investigada para determinar si existieron apremios ilegítimos y cuál habría sido la participación de los funcionarios involucrados. La imputación por cohecho agravado y lavado de activos corresponde, en cambio, a la investigación sobre los presuntos pagos asociados al ingreso de especies a recintos penitenciarios.
La audiencia de control de detención y las diligencias que desarrolle la Fiscalía deberán determinar los próximos pasos procesales respecto de Vega, su cónyuge y Farías.
