Las primeras indicaciones del gobierno a la reforma ambiental restablecen el Comité de Ministros y acotan el concepto de impacto acumulativo en proyectos.
La ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo - Agencia Uno
El gobierno de José Antonio Kast ingresó sus primeras indicaciones al proyecto de reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una de las iniciativas clave para modernizar la evaluación ambiental de proyectos de inversión en Chile. Entre los cambios más relevantes destacan la reposición del Comité de Ministros y una modificación a la definición de impacto acumulativo.
Las indicaciones fueron presentadas pocos días después que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobara en general la iniciativa durante su segundo trámite constitucional.
Uno de los cambios más significativos introducidos por el Ejecutivo es la reposición del Comité de Ministros, una instancia cuya eliminación había sido propuesta en el texto impulsado durante la administración anterior.
La propuesta original planteaba suprimir este organismo por considerarlo excesivamente político, entregando al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la facultad de resolver las reclamaciones contra los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Sin embargo, las nuevas indicaciones revierten esa decisión y establecen que las reclamaciones seguirán siendo resueltas por un comité integrado por los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
El Ejecutivo también propuso incorporar una exigencia de funcionamiento permanente para esta instancia.
Según el texto ingresado al Congreso, el Comité de Ministros deberá sesionar con la periodicidad necesaria para resolver oportunamente las reclamaciones de su competencia y, en todo caso, realizar al menos diez sesiones al año.
La medida busca otorgar continuidad institucional al organismo y evitar que su funcionamiento dependa exclusivamente de las prioridades de cada administración de turno.
De acuerdo con antecedentes entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, durante la discusión legislativa diversos expertos manifestaron reparos a que las reclamaciones ambientales fueran resueltas por una sola autoridad.
Entre las principales observaciones se mencionó el riesgo de captura institucional y la necesidad de incorporar una mirada más amplia y colegiada en decisiones que pueden afectar proyectos de inversión de alto impacto económico y ambiental.
En ese contexto, algunas propuestas planteadas en el Congreso apuntan incluso a la creación de un organismo colegiado permanente, similar a la estructura de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Otra de las indicaciones relevantes presentadas por el Ejecutivo se refiere al concepto de impacto acumulativo, un elemento central en la evaluación ambiental de proyectos.
El texto aprobado previamente por el Senado definía este impacto como aquel que surge de los efectos sucesivos, incrementales o combinados de un proyecto sobre un territorio determinado, sumándose a los efectos de otras iniciativas existentes.
La nueva propuesta agrega que dichos proyectos o actividades deben encontrarse en operación.
