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Reforma al reglamento del SEIA: La regresión ambiental en el gobierno ecologista
Agencia Uno

Reforma al reglamento del SEIA: La regresión ambiental en el gobierno ecologista

Por: Alejandra Parra Muñoz | 19.06.2025
Es paradójico que el presidente Gabriel Boric haya ratificado la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú al comienzo de su gobierno, y al final del mismo esté promoviendo una agenda regresiva en materia ambiental. ¿Qué sucedió en ese camino?

El Acuerdo de Escazú establece el principio preventivo: es mejor prevenir los daños ambientales que intentar repararlos una vez producidos, porque en realidad es casi imposible lograr una reparación total o real y los daños ambientales no se reparan con multas. También establece el principio de no regresión y de progresividad: no se puede retroceder a niveles inferiores de protección ambiental de los que existen hoy. Al contrario, hay que avanzar hacia mayores niveles de protección ambiental.

Pero al parecer la agenda pro-ambiente del presidente Gabriel Boric quedó en el completo olvido, hoy solo habla de seguridad y crecimiento. Y peor aún, promueve la agenda llamada de “permisología” que contraviene los principios y derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú, que hoy más que nunca debemos celebrar y exigir.

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El viernes 6 de junio recién pasado, el Consejo de Ministros aprobó la reforma al reglamento del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), en medio de una ola de promoción de la agenda de “permisología” que intenta instalar la idea de que las evaluaciones ambientales y sectoriales son causantes del magro crecimiento económico del país.

El nuevo reglamento, hoy en Contraloría para toma de razón, amplía en 10, 20 veces y más, los umbrales para el ingreso a evaluación ambiental, de proyectos de producción disposición reutilización o almacenamiento de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, reactivas o corrosivas, y el transporte de todas ellas. También aumenta umbrales para el cultivo de macroalgas, plantas de tratamiento de aguas servidas, longitud de líneas de alta tensión, astilleros, estaciones de servicio, etc.

El nuevo reglamento también eximirá de evaluación ambiental a proyectos de reprocesamiento de relaves mineros, modificaciones de proyectos con RCA (Resolución de Calificación Ambiental) cuando las modificaciones ingresen por el mismo literal que el proyecto original, y el tratamiento de RILES (Residuos Industriales Líquidos) de terceros con lagunas de estabilización.

Esta modificación dejará exentos de evaluación ambiental a todos los proyectos bajo los umbrales nuevos establecidos, en beneficio directo de ciertos sectores económicos y en perjuicio de quienes habitan los territorios donde se desarrollan esas actividades.

Los proyectos que no ingresen a evaluación ambiental requerirán permisos sectoriales y para eso se está tramitando en el senado el Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, que si se aprueba como está, aplicará como regla general la declaración jurada de los titulares para reemplazar el permiso sectorial, y si el Servicio justifica la necesidad de la tramitación de un permiso real, este podrá ser obtenido por silencio administrativo, para lo cual se acortarán además los tiempos legales de respuesta.

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Este proyecto de ley establece además la llamada “Invariabilidad Regulatoria” que permitirá que no se aplique nueva legislación ambiental a titulares de proyectos ya aprobados, durante 8 años.

El dinero no se respira, no se come, no se bebe. El dinero no nos comprará estabilidad climática ni podrá sacar los microplásticos del agua ni de nuestra sangre, ni las sustancias tóxicas de la leche materna, ni podrá devolvernos las especies extintas. El dinero no podrá devolver a las futuras generaciones los derechos que en diez años serán imposibles de garantizar si seguimos desprotegiendo el ambiente de esta forma.

El hijo del presidente nacerá pre-contaminado, porque hoy nadie puede salvarse de la crisis de contaminación que solo se intensificará con estas políticas económicas del siglo pasado.

Si nos quitan las pocas herramientas jurídicas que hoy tenemos para proteger y defender nuestros territorios, ¿qué nos quedará? ¿Cómo podremos acudir a las urnas y votar por un nuevo presidente/a sabiendo que da lo mismo por quién votemos porque por más progresista que se presente en la campaña, en dos o tres años de gobierno podría traicionarnos?

No tengo respuestas a estas preguntas, pero tengo la convicción de que la movilización ciudadana debe retomarse porque es el único medio que realmente nos entrega posibilidades de cambios en favor de las personas más desprotegidas, y tengo la determinación de no darme nunca por vencida en la lucha por la justicia socioambiental.

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