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Kast firma decreto para agilizar el SEIA y destrabar inversiones por US$16.300 millones
Agencia Uno

Kast firma decreto para agilizar el SEIA y destrabar inversiones por US$16.300 millones

Por: Cristian Neira | 12.03.2026
El Ejecutivo estableció un plazo máximo de 90 días para resolver reclamaciones pendientes y anunció un plan de emergencia para acelerar la tramitación de 51 proyectos estratégicos, reformando la operatividad del SEIA.

En uno de los primeros decretos que firmó el presidente José Antonio Kast en sus primeras horas al mando del país, está el destinado a reformar la operatividad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La medida busca combatir la denominada "permisología" y reactivar la inversión privada mediante la simplificación de procesos administrativos y el establecimiento de plazos perentorios para la autoridad ambiental.

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Kast contra la permisología

La pieza central de estos anuncios es el mandato directo al Ministerio del Medio Ambiente para resolver todas las reclamaciones vigentes en el SEIA en un periodo que no supere los 90 días.

Esta disposición apunta a eliminar el cuello de botella que, según el Ejecutivo, mantiene paralizados proyectos por criterios administrativos discrecionales.

Junto a esto, el gobierno identificó una cartera de 51 proyectos estratégicos con una inversión estimada de US$16.300 millones, los cuales recibirán un acompañamiento técnico especial para agilizar su tramitación.

La administración de Kast pretende modificar aquellos criterios de ingreso al sistema que consideran redundantes, buscando optimizar la eficiencia administrativa sin descuidar los estándares de protección ambiental exigidos por la ley.

Recordar que el SEIA es un instrumento de gestión preventivo que evalúa si los proyectos de inversión cumplen con la legislación ambiental vigente antes de su ejecución.

Permite identificar y mitigar impactos significativos, garantizando la sostenibilidad y permitiendo la participación ciudadana, por lo que una flexibilización de estas medidas podría poner en peligro zonas protegidas, teniendo un directo impacto en el medio ambiente.