La criticada idea del gobierno de Kast de obligar a colegios y centros médicos a denunciar a migrantes en situación irregular, fue descartada desde La Moneda.
Imagen referencial sobre migrantes - Agencia Uno
El gobierno de José Antonio Kast decidió dar marcha atrás a una de las indicaciones más controvertidas impulsadas en el marco de la reforma a la Ley de Migraciones y que generó críticas desde diversos sectores y agrupaciones.
Tras negociaciones en el Senado, el Ejecutivo acordó eliminar la propuesta que buscaba obligar a establecimientos educacionales, centros de salud y otras instituciones a entregar información sobre migrantes en situación irregular para facilitar procesos de expulsión administrativa.
La medida había sido presentada en mayo por el Ejecutivo durante la discusión del proyecto que perfecciona los procedimientos de expulsión de extranjeros. La indicación permitía solicitar antecedentes personales a instituciones de salud, educación y previsión social respecto de personas sujetas a procesos migratorios, con el objetivo de ubicarlas y avanzar en eventuales expulsiones.
Sin embargo, la propuesta generó una fuerte controversia política, jurídica y social. Diversas organizaciones advirtieron que la iniciativa podía desalentar el acceso a servicios esenciales por parte de familias migrantes, especialmente en áreas sensibles como la educación y la salud.
La Defensoría de la Niñez alertó que hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles podrían ser percibidos como espacios de fiscalización migratoria, afectando el ejercicio de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La decisión de retirar la medida se produjo luego de un acuerdo alcanzado en la Comisión de Gobierno del Senado durante la tramitación del proyecto. Según informó la Cámara Alta, las conversaciones permitieron avanzar en la votación de la iniciativa estableciendo resguardos específicos para la protección de datos en los ámbitos de salud y educación.
De esta manera, colegios, jardines infantiles, hospitales, consultorios y otros establecimientos sanitarios no estarán obligados a entregar antecedentes de personas migrantes en situación irregular a las autoridades migratorias, descartándose uno de los aspectos más cuestionados de la propuesta original.
Desde que se conoció la indicación, distintos actores expresaron reparos. La entonces propuesta fue cuestionada por expertos en migración, quienes advirtieron que podría empujar a las personas extranjeras a la clandestinidad y dificultar la identificación de quienes efectivamente representan riesgos para la seguridad pública.
Asimismo, desde el ámbito sanitario se plantearon dudas respecto de la compatibilidad de la medida con el deber de confidencialidad de los pacientes y con el acceso universal a prestaciones de salud. Incluso dentro del propio Ejecutivo surgieron observaciones sobre sus eventuales efectos en la atención médica y la protección de datos personales.
