Un artículo errado, una solicitud fuera de tiempo y dos diputados republicanos que no estaban en Chile, fueron clave para el fracaso del gobierno en reforma migratoria.
Gobierno fracasa en su reforma migratoria - Agencia Uno
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por un voto la reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para ampliar el plazo de detención de personas con una orden de expulsión administrativa.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero necesitaba 89 respaldos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.
El resultado estuvo marcado por una serie de factores. Entre ellos, los problemas en la tramitación de los permisos constitucionales de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, ambos fuera de Chile acompañando a Kast en Estados Unidos, además de ausencias oficialistas y cambios de posición entre parlamentarios opositores.
Los permisos constitucionales de Ross y Schubert podían permitir que sus ausencias fueran descontadas para efectos del cálculo del quórum. Sin embargo, las primeras solicitudes presentadas por ambos parlamentarios tuvieron problemas en su tramitación.
Según Biobío, uno de los errores estuvo en la norma invocada: los diputados utilizaron el artículo 34, correspondiente a informar una salida del país, en lugar del procedimiento establecido en el artículo 9, que permite tramitar el permiso constitucional con efectos sobre el quórum.
Las solicitudes fueron posteriormente reingresadas a las 09:43 horas, pero la cuenta de la sesión ya había cerrado a las 09:30. Por esa razón, no alcanzaron a completar el procedimiento antes de la votación de la reforma.
Durante la semana distrital también existía otra alternativa. El reglamento contempla que, durante ese periodo, el presidente de la Cámara puede autorizar directamente determinados permisos constitucionales. Ross y Schubert podían haber solicitado oportunamente esa autorización al presidente de la Corporación, Jorge Alessandri (UDI). Esa vía no fue utilizada.
Al momento de la votación, ambos diputados continuaban fuera del país y sus ausencias seguían contabilizándose para determinar el quórum.
A las ausencias de Ross y Schubert se sumaron otros parlamentarios del oficialismo que no participaron de la votación.
La diputada Marlene Pérez (UDI) se encontraba con licencia médica. En el caso de Francesca Muñoz, del Partido Cristiano de Chile, también se informó que estaba con licencia médica.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también se encontraba en Estados Unidos acompañando a Kast. En su caso, la bancada decidió no tramitar un permiso constitucional y, en la UDI, existían reparos a utilizar este mecanismo para viajes inferiores a un mes.
En RN, en tanto, la ausencia correspondió al diputado Andrés Celis, quien no participó de la sesión por razones vinculadas a su estado de salud.
El problema no estuvo solamente en las ausencias oficialistas. La reforma también perdió respaldos que el Ejecutivo esperaba obtener en la oposición.
La iniciativa había avanzado previamente en la Comisión de Constitución, donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, había trabajado con parlamentarios opositores para introducir modificaciones al texto. Sin embargo, el escenario cambió al llegar a la Sala.
Entre quienes tuvieron un papel relevante en ese cambio estuvieron la diputada Pamela Jiles (PDG), el diputado independiente PPD Jaime Araya y el socialista Raúl Leiva, quienes realizaron gestiones entre sus pares antes de la votación.
La Tercera informó que José Montalva (PPD) había manifestado en la Sala su intención de votar a favor, pero finalmente salió del hemiciclo antes de la votación. También dejaron de participar Patricio Pinilla (DC), Nelson Venegas (PS), Héctor Barría (DC) y Flor Contreras (PDG).
Por otro lado, parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) optaron por abstenerse. El oficialismo cuestionó esta decisión y apuntó a que existían conversaciones previas para conseguir respaldo a la iniciativa.
La iniciativa buscaba modificar la regulación constitucional relacionada con la detención de personas extranjeras mientras se concreta una expulsión administrativa.
La propuesta contemplaba ampliar el periodo de detención desde el límite actual. El texto establecía entre cinco y 60 días, renovable hasta en dos oportunidades, lo que podía llegar a 180 días en determinados casos.
El proyecto también contemplaba cambios vinculados a la infraestructura necesaria para mantener a las personas sometidas a estos procedimientos.
Al tratarse de una reforma constitucional, requería el respaldo de cuatro séptimos de los diputados en ejercicio. Ese quórum correspondía a 89 votos, uno más que los 88 obtenidos en la Sala.
