La diputada del Frente Amplio Gael Yeomans acusó que el ministro Tomás Rau habría decidido ese aumento son consulta al Consejo Superior Laboral.
Diputada Yeomas envía oficio a Contraloría contra ministro del Trabajo - Agencia Uno
Este lunes, la diputada del FA Gael Yeomans, confirmó que presentó un oficio en la Contraloría General de la República (CGR), con el fin de conocer los antecedentes de cómo el ministro de Trabajo Tomás Rau habría ejecutado el alza del sueldo mínimo a $7.500.
Recordar que el secretario de Estado anticipó una política de sueldo mínimo "acotado" o "contenido", argumentando la necesidad de proteger la creación de empleo formal.
A través de un oficio, la parlamentaria cuestionó que la propuesta se haya presentado sin consultar con el Consejo Superior Laboral, lo que está expresamente establecido en la Ley 21.751.
Por esto, la diputada Yeomans acusó que “el Ministerio del Trabajo incumplió la norma legal que establece la obligación del ministerio de, antes de presentar el proyecto de ley de salario mínimo al Congreso Nacional, presentarlo y escuchar a los distintos actores que forman parte del consejo superior laboral”.
“El Consejo Superior Laboral está conformado por la organización de los trabajadores, de los empresarios, pymes, grandes empresas también del gobierno. Incumplir esa norma tiene que ser sancionado”, agregó.
Por eso, la también integrante de la Comisión de Trabajo decidió oficiar a la Contraloría, argumentando que el fin es que el órgano “nos diga su parecer, y así poder también fiscalizar que las normas se cumplan”, puntualizó.
Se solicita al órgano contralor que requiera al Ministerio los antecedentes que acrediten si existió o no convocatoria al Consejo, que informe si existen registros, actas o citaciones formales al Consejo Superior Laboral en el período indicado, que señale si la omisión de esta consulta vicia el procedimiento administrativo o legislativo respectivo, que indique si dicha omisión podría afectar la validez del proyecto de ley presentado.
Por último, se pidió a CGR que determine si existió incumplimiento de deberes por parte de las autoridades competentes, que evalúe si corresponde iniciar procedimientos disciplinarios o acciones de control y que indique qué tipo de responsabilidades podrían derivarse.
