Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso concluyó que el despido fue una represalia por una denuncia laboral y ordenó pagar más de $6,6 millones.
Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso / Poder Judicial
El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso concluyó que una trabajadora fue despedida en represalia por haber denunciado irregularidades laborales ante la Inspección del Trabajo y condenó a la Corporación Municipal para el Desarrollo Social al pago de indemnizaciones y a ofrecer disculpas formales por escrito.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la funcionaria ingresó a trabajar en diciembre de 2022 como administrativa del Centro Oftalmológico Consistorial.
En agosto de 2024 presentó una denuncia ante la Inspección del Trabajo por el pago incompleto de remuneraciones y errores en la declaración de cotizaciones previsionales y del seguro de cesantía.
La fiscalización confirmó los incumplimientos denunciados y terminó con la aplicación de multas a la corporación. Según estableció la sentencia, la empleadora tomó conocimiento de esas sanciones antes de poner término al contrato de la trabajadora.
El 4 de noviembre de 2024, apenas 19 días después del informe que dio origen a las multas, la funcionaria fue despedida invocándose la causal de necesidades de la empresa.
Durante el juicio, la corporación sostuvo que atravesaba problemas financieros y que había iniciado una reestructuración de sus servicios de salud.
Sin embargo, el tribunal estimó que existían indicios suficientes para acreditar una vulneración de la garantía de indemnidad, que protege a los trabajadores frente a represalias por ejercer acciones destinadas a defender sus derechos laborales.
La sentencia destacó la estrecha cercanía temporal entre la fiscalización y el despido, además de contradicciones en los argumentos entregados por la empleadora para justificar la desvinculación.
También señaló que la corporación no aportó antecedentes que acreditaran la situación económica invocada ni los criterios objetivos utilizados para seleccionar a los trabajadores despedidos.
Por ello, el juez Eduardo Alfonso Saldivia Saa acogió la denuncia de tutela laboral y ordenó pagar $5.635.788 por indemnización adicional, $563.578 por recargo legal y $420.127 por la restitución de un descuento efectuado al seguro de cesantía.
Además, la corporación deberá enviar una carta de disculpas a la trabajadora reconociendo los hechos que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales.
