Anuar Quesille se refirió al caso de la denuncia sobre el paradero desconocido de cientos de niños haitianos que ingresaron al país sin verificaciones para reunificación familiar.
Anuar Quesille, Defensor de la Niñez - Agencia Uno
La Defensoría de la Niñez confirmó que evalúa presentar una denuncia contra el Estado de Chile tras los antecedentes revelados en torno al ingreso de cientos de niñas y niños haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar, y cuyo paradero actualmente es investigado por las autoridades.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que la institución viene advirtiendo desde hace al menos tres años sobre falencias en los procedimientos de movilidad humana de niños, niñas y adolescentes, particularmente respecto de los mecanismos de control, trazabilidad y protección de derechos en procesos migratorios.
En entrevista con Cooperativa, Quesille explicó que la Defensoría no tiene facultades para querellarse por eventuales delitos de trata de personas, pero sí puede impulsar acciones orientadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de protección de la infancia.
“Estamos evaluando todas las acciones para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile”, afirmó la autoridad, argumentando que existen tratados e instrumentos internacionales que garantizan los derechos de niños y niñas en contextos de movilidad humana y que reconocen la reunificación familiar como un proceso legítimo, siempre que se realice con resguardos adecuados.
El defensor agregó que la eventual acción buscaría determinar si el Estado cumplió con su deber de protección frente a posibles vulneraciones de derechos que habrían afectado a menores que ingresaron al país.
Según relató Quesille, la Defensoría comenzó a detectar problemas tras la reapertura de fronteras posterior a la pandemia, cuando observó situaciones relacionadas con niños migrantes expuestos a riesgos de vulneración de derechos, procesos de reunificación familiar con documentación cuestionable y ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento.
A raíz de ello, el organismo envió oficios a diversas instituciones, incluyendo la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y organismos vinculados a relaciones exteriores, solicitando información y medidas de resguardo. Sin embargo, Quesille aseguró que muchas de estas gestiones no obtuvieron respuestas satisfactorias o no se tradujeron en acciones concretas.
Incluso, la Defensoría solicitó la implementación de mecanismos como el registro biométrico para personas en contexto de movilidad humana y la elaboración de protocolos específicos para el ingreso de menores extranjeros al país, iniciativas que, según el organismo, no avanzaron de manera efectiva.
El caso se originó tras antecedentes detectados por organismos fiscalizadores y denunciados posteriormente ante la Fiscalía, que investiga el ingreso de menores haitianos mediante vuelos chárter realizados principalmente durante 2025.
Las pesquisas apuntan a posibles irregularidades en procesos de reunificación familiar y a la eventual existencia de delitos asociados, entre ellos tráfico de personas, falsificación de documentos y otras figuras penales.
De acuerdo con los antecedentes conocidos públicamente, una muestra analizada permitió constatar que decenas de menores no fueron ubicados en los domicilios registrados, situación que encendió las alarmas sobre su paradero y condiciones de protección.
Pese a la gravedad de los antecedentes, Anuar Quesille llamó a no adelantar conclusiones respecto de la comisión de delitos mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe estar en garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes eventualmente afectados.
El caso genera una amplia reacción institucional y política. Durante esta semana, el gobierno convocó a representantes de distintos poderes del Estado para coordinar acciones destinadas a esclarecer el paradero de los menores y determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales.
