La preocupación por el paradero de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar escaló a nivel institucional. Tras los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República y la investigación que desarrolla el Ministerio Público, el gobierno de José Antonio Kast decidió conformar una fuerza de tarea con participación de los tres poderes del Estado para coordinar acciones destinadas a ubicarlos.
La decisión fue anunciada luego de una serie de reuniones de emergencia en La Moneda y contempla la participación de representantes del Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y las policías. El objetivo es reunir antecedentes, coordinar información dispersa entre organismos públicos y acelerar las diligencias para determinar el paradero de los menores.
Ministra María Jesús Wulf liderará la coordinación
El gobierno designó a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para encabezar la coordinación interministerial. Su tarea será articular el trabajo de los distintos servicios públicos involucrados y consolidar la información disponible para identificar a los menores cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Según explicó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, la prioridad del Ejecutivo es determinar "sin demora" si existen niños cuyos derechos hayan sido vulnerados y establecer con precisión dónde se encuentran. Asimismo, aseguró que el gobierno no descansará hasta tener certeza sobre el bienestar de cada uno de ellos.
Investigación por eventual tráfico de personas
El caso se originó a partir de antecedentes recopilados por la Contraloría y denuncias presentadas por el Servicio Nacional de Migraciones, que detectaron irregularidades en el ingreso de menores haitianos entre 2023 y 2025 mediante procesos de reunificación familiar.
Entre los hallazgos figuran vuelos chárter con niños acompañados por adultos cuya relación familiar no pudo ser acreditada, además de inconsistencias documentales y problemas en los registros de seguimiento posteriores a su ingreso al país.
La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio por eventuales delitos de tráfico de migrantes, trata de personas, cohecho, soborno y falsificación de documentos públicos. El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, advirtió que la cifra inicial de más de 200 menores podría incluso ser superior conforme avancen las diligencias.
Senado y organismos internacionales exigen resultados
La gravedad del caso llevó al Senado a realizar una sesión especial y motivó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que el principal objetivo de las autoridades debe ser encontrar a los menores y esclarecer lo ocurrido.
En paralelo, Unicef calificó la situación como grave y solicitó a las instituciones del Estado esclarecer con la máxima urgencia el paradero de los niños y adolescentes involucrados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de sus derechos.
Mientras continúan las investigaciones, la nueva mesa de trabajo encabezada por el gobierno buscará coordinar a todas las instituciones involucradas para responder una pregunta que sigue sin respuesta: dónde están los niños haitianos que ingresaron a Chile y cuyo rastro se perdió tras cruzar la frontera.
