Un preinforme de Contraloría detectó un masivo ingreso de niños de nacionalidad haitiana que no tuvo verificación ni registro. Se presentó denuncia por eventual tráfico.
Imagen referencial sobre niños haitianos - Agencia Uno
Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar, luego de detectar graves falencias en los controles migratorios, ausencia de validación de vínculos familiares y deficiencias en los registros estatales.
La auditoría, revelada Biobío, concluyó que cientos de niños, niñas y adolescentes ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación familiar no siempre fue verificada por las autoridades competentes, tanto durante el viaje como al momento de cruzar la frontera. Además, se identificaron importantes brechas de coordinación entre organismos encargados del control migratorio y la protección de la infancia.
Los antecedentes recopilados por Contraloría apuntan a un patrón de ingresos masivos mediante vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). De acuerdo con los datos revisados, 1.476 de las 2.792 personas que ingresaron al país bajo reunificación familiar durante el período analizado lo hicieron a través de vuelos no regulares operados por distintas aerolíneas.
Asimismo, en una muestra de 366 pasajeros examinados por los fiscalizadores, 333 correspondían a niños, niñas y adolescentes, situación que llevó al organismo a advertir deficiencias relevantes en la supervisión y verificación de antecedentes durante el proceso migratorio.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe corresponde a las fiscalizaciones en terreno realizadas por Contraloría. Durante estas diligencias, algunos de los niños que habían ingresado al país no pudieron ser ubicados en los domicilios declarados para el proceso de reunificación familiar.
El organismo también detectó discrepancias entre los registros de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones, lo que dificulta establecer con precisión quiénes ingresaron al territorio nacional, quiénes los acompañaban y cuál fue su situación posterior. Según el preinforme, tampoco existieron mecanismos efectivos de seguimiento ni protocolos compartidos entre las instituciones involucradas.
Tras conocerse los antecedentes, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue una eventual red de tráfico de NNA.
La acción judicial incorpora antecedentes obtenidos durante fiscalizaciones desarrolladas junto a Contraloría y la PDI. Entre ellos, figura la detección de al menos 12 adultos que habrían ingresado reiteradamente al país acompañando a niños haitianos sin aparentes vínculos familiares acreditados.
La gravedad de los antecedentes llevó a la Fiscalía Nacional a iniciar una investigación de oficio, la que quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y será liderada por el fiscal regional Francisco Jacir.
Según informó el Ministerio Público, la indagatoria busca determinar la eventual comisión de delitos asociados al ingreso masivo de niños y niñas haitianas al territorio nacional, así como posibles responsabilidades de funcionarios públicos o terceros que hubiesen facilitado el ingreso irregular de personas al país.
En paralelo, surgieron antecedentes sobre advertencias formuladas por exautoridades migratorias antes de que se produjeran estos ingresos. Documentos enviados a la DGAC habrían planteado dudas respecto del proceso de residencia temporal otorgado a niños haitianos desde el extranjero y sobre la capacidad de verificar la autenticidad de la documentación presentada.
Las comunicaciones advertían dificultades para corroborar los antecedentes familiares y solicitaban revisar los procedimientos aplicados, debido a las dudas existentes sobre la trazabilidad de eloos y la legitimidad de algunos procesos de reunificación familiar.
El caso continúa siendo investigado tanto por Contraloría como por el Ministerio Público, mientras las autoridades buscan establecer el paradero de todos los niños involucrados y determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales derivadas de uno de los episodios migratorios más delicados detectados en los últimos años en Chile.