Defensoría de la Niñez explica por qué proyecto que endurece penas a adolescentes es ineficaz y obstaculiza la reinserción
En medio de la discusión del proyecto de ley que busca endurecer las penas para adolescentes que cometen delitos, la Defensoría de la Niñez manifestó una fuerte preocupación por los posibles efectos negativos que esta iniciativa podría generar tanto en los procesos de reinserción social de jóvenes infractores como en su efectividad para reducir la delincuencia.
El proyecto modifica la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente y actualmente se está tramitando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La institución sostiene que el proyecto (Boletín 15.589-07) no aborda las causas profundas de la criminalidad juvenil y que, por el contrario, su enfoque punitivo podría profundizar las trayectorias delictivas en lugar de corregirlas.
“El aumento de penas para delitos graves, de 8 a 10 años, no modifica el escenario actual y puede consolidar trayectorias delictivas”, advirtió la Defensoría, apuntando a que la iniciativa contradice los objetivos del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Enfoque punitivo versus prevención estructural
Los análisis técnicos de la Defensoría, fundamentados en estándares internacionales de derechos humanos y evidencia comparada, concluyen que este tipo de medidas no son efectivas para mejorar la seguridad pública.
“Lo más relevante es avanzar en políticas públicas basadas en evidencia, que sean consistentes con los derechos humanos y que promuevan soluciones estructurales”, señala el organismo.
Un punto crítico del proyecto es que ignora la relación entre el crimen organizado y la captación de adolescentes por bandas delictivas.
De acuerdo con el Ministerio Público, muchos jóvenes que cometen delitos lo hacen bajo la influencia o instrucción de redes criminales adultas.
Aumentar las penas, indica la Defensoría, no desincentiva este fenómeno, ya que estas organizaciones simplemente reemplazan con rapidez a los jóvenes detenidos, incluso reclutando a niños de menor edad.
Además, el organismo plantea que una verdadera justicia para las víctimas solo será posible si se fortalecen los procesos investigativos.
Actualmente, en el caso de adolescentes, se observa una disminución de condenas y un alto número de causas archivadas provisionalmente, lo que favorece la impunidad.
La solución, subrayan, no está en castigos más duros, sino en mejorar la capacidad del sistema penal para identificar y sancionar efectivamente a los responsables.
Para comprender el fenómeno delictivo juvenil, la Defensoría insiste en mirar las trayectorias de vida de los adolescentes.
Un estudio reciente de la PUC y UNICEF (2023) reveló que quienes infringen la ley provienen, en su mayoría, de entornos marcados por inestabilidad familiar (70%), violencia intrafamiliar (48%), interrupciones escolares, delincuencia intergeneracional (45%), y condiciones de precariedad o consumo problemático en sus hogares.
Estas experiencias tienen un impacto directo en su desarrollo emocional, social y cognitivo, por lo que se requieren respuestas integrales, no solo sancionatorias.
¿Cuál es la solución?
La revisión de evidencia internacional no respalda el endurecimiento de penas como medida eficaz. En cambio, se ha demostrado que estrategias como la disuasión focalizada —que incluye patrullajes estratégicos, seguimiento personalizado y trabajo directo con los responsables del cumplimiento de sanciones— son más efectivas.
En el ámbito de la reinserción, la evidencia apunta a fortalecer la escolarización, el acceso al empleo y el desarrollo de habilidades básicas como la lectura y la escritura. Para ello, la Defensoría plantea que es clave ampliar la cobertura del programa Chile Crece Contigo más allá de los 9 años, como establece la Ley de Garantías, y potenciar programas como “Lazos” en todas las comunas del país.
Asimismo, valoran iniciativas como la creación de escuelas de reingreso con acompañamiento psicosocial, que permiten atender de forma especializada a adolescentes con trayectorias educativas fragmentadas y antecedentes de violencia estructural.
Llamado al Congreso
Frente a este panorama, la Defensoría de la Niñez llama al Congreso a no limitarse a medidas punitivas y a construir un enfoque integral y estructural para abordar el fenómeno delictivo adolescente.
“Es urgente perseguir y sancionar al crimen organizado que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes”, advierten, insistiendo en la necesidad de evaluar junto al Ministerio Público estrategias eficaces para la investigación penal, así como el impacto real de la internación provisoria frente a otras medidas en libertad con intervención especializada.
