Un manifestante que participaba en una protesta durante diciembre de 2019 recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza de parte de Carabineros, quedó en coma durante cerca de un mes y sufrió secuelas neurológicas permanentes. Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó indemnizarlo con $60 millones por el daño moral sufrido.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la víctima asistía a una manifestación por el Día Internacional de los Derechos Humanos cuando, según estableció el tribunal, funcionarios de Carabineros dispararon una bomba lacrimógena que impactó directamente en la parte posterior de su cráneo.
La lesión le provocó un traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo, obligó a realizar múltiples cirugías y lo mantuvo hospitalizado en estado crítico. Con el paso del tiempo desarrolló epilepsia secundaria, problemas de memoria y otras secuelas neurológicas permanentes.
El caso llegó al Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago, que rechazó analizar el fondo de la demanda al estimar que la acción había prescrito.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
Sin embargo, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión y concluyó que la demanda fue presentada dentro del plazo legal, por lo que correspondía pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado.
Al revisar los antecedentes médicos, policiales y de la investigación penal, el tribunal determinó que existió una falta de servicio de Carabineros.
En el fallo, los ministros Hernán Crisosto, Hernán López y el abogado integrante Sebastián Perelló sostuvieron que “el actuar indiscriminado y desproporcionado de los funcionarios, quienes dispararon hacia el cuerpo del demandante (a su cabeza) un proyectil lanza gases (…) sin justificación legal, le provocó lesiones graves”.
Añadieron que ello constituyó un desempeño fuera de los márgenes legales que obliga al Estado a reparar el daño ocasionado.
La Corte también descartó que el afectado hubiera asumido imprudentemente el riesgo por participar en la manifestación, señalando que Carabineros no logró acreditar que el uso de la fuerza hubiera sido legal, proporcional y necesario.
Finalmente, condenó al Fisco a pagar una indemnización de $60.000.000 por daño moral, suma que deberá reajustarse y devengará intereses una vez que la sentencia quede firme.