La Corte de Apelaciones ordenó al banco restituir $9,8 millones a una empresa víctima de transferencias fraudulentas tras una llamada telefónica.
Corte de Apelaciones de Antofagasta / Agencia Uno
El representante de una pequeña empresa fue engañado mediante una llamada de un supuesto ejecutivo bancario, quien le advirtió sobre movimientos fraudulentos y consiguió que siguiera instrucciones que terminaron autorizando transferencias por $9.801.430. La Corte de Apelaciones de Antofagasta concluyó que no se acreditó que el cliente actuara con dolo o culpa grave.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso comenzó después de que el afectado recibiera la llamada de una persona que conocía información de sus productos bancarios.
El falso ejecutivo le aseguró que existían movimientos sospechosos en Coquimbo y le indicó que debía ingresar códigos y utilizar Santander Pass para supuestamente detener las operaciones.
Aunque las solicitudes aparecían como autorizaciones, le dijeron que aquello formaba parte del procedimiento.
Tras desconocer las transferencias, Banco Santander Chile acudió al Segundo Juzgado de Policía Local de Antofagasta para que se declarara que existió dolo o culpa grave del usuario. El 8 de mayo de 2026, ese tribunal acogió la demanda del banco, decisión que posteriormente fue apelada por la empresa afectada.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revirtió ese fallo. El tribunal sostuvo que seguir las instrucciones de un tercero que conocía los productos bancarios y planteaba situaciones verosímiles no era suficiente para acreditar la culpa grave exigida por la Ley 20.009.
La Corte también puso atención en los sistemas de seguridad de la entidad financiera. Según estableció, el propio banco tampoco detectó el fraude y autorizó las operaciones.
Además, indicó que las medidas implementadas no advirtieron lo inusual de varias transferencias realizadas en un breve período a destinatarios desconocidos.
El fallo señaló que “el sistema de seguridad y resguardo que posee el Banco fue abiertamente vulnerado” y concluyó que la entidad no acreditó haber cumplido las obligaciones de seguridad exigidas por la legislación.
Por ello, la Corte rechazó completamente la demanda del banco. La empresa no tendrá que devolver $1.386.990 y Santander deberá cancelar los cargos o restituir los $9.801.430 correspondientes a las transferencias fraudulentas, suma que deberá ser reajustada y aumentada con la tasa de interés máxima convencional.
La resolución fue redactada por el ministro Eric Sepúlveda Casanova.
