Organizaciones de la pesca artesanal rechazan moción que beneficia a industriales en el Biobío y exigen blindar la Ley de la Jibia junto a una red de protección.
Pescadores artesanales conforma alianza con la bancada por la Pesca Artesanal.
Un nuevo foco de conflicto legislativo y socioambiental se ha encendido en las costas nacionales. Frente a la amenaza de retrotraer los avances en la conservación marina y la equidad territorial, las organizaciones de pescadores artesanales sellaron una alianza estratégica con la Bancada Parlamentaria por la Pesca Artesanal.
El objetivo es directo: articular una ofensiva común para frenar los intentos de perforar la normativa vigente sobre la jibia y, en paralelo, exigir garantías concretas en materia de seguridad social para el sector.
La tensión escaló a raíz del avance en el Congreso del Boletín 18173-21, proyecto impulsado por el senador Gastón Saavedra.
La iniciativa busca eximir a un grupo selecto de armadores industriales de las regiones del Biobío y Ñuble de la prohibición de usar pesca de arrastre para capturar jibia.
Desde la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Condepp) advierten que este texto configura un beneficio exclusivo diseñado para favorecer a seis embarcaciones de la empresa Pacific Blu.
En un posterior punto de prensa, Hernán Cortés, presidente de Condepp y Vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, declaró que:
“Nos costó bastantes años poder construir una ley que resguarde este recurso pesquero y, por cierto, hoy vamos a estar en alerta para seguir protegiéndolo y no permitir que ocurra un desastre, tanto desde el punto de vista laboral como comercial, con un recurso tan importante para nuestro país. Estamos en pie de guerra, en alerta por este tema.”
Esta controversia estalla en un escenario biológico y productivo frágil. De acuerdo con el Informe de la Pesca 2026, cerca del 48% de las pesquerías emblemáticas del país —entre ellas el congrio dorado y la merluza común— sufren sobreexplotación o colapso.
En este contexto, la jibia se transformó en la columna vertebral del sustento económico de más de 16 mil trabajadores de la mar y unas 4.229 naves de pequeña escala (menores a 12 metros de eslora). Sin embargo, el rubro enfrenta hoy embates externos producto de la caída de los precios internacionales y un menor dinamismo en los envíos al extranjero.
Frente a la presión de los trabajadores, la postura del Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Pesca ha apuntado a desviar el eje regulatorio. La autoridad sostiene que el estancamiento económico del sector debe abordarse mediante innovación, mayor competitividad, apertura de mercados y diversificación de la matriz productiva, evitando que los problemas financieros coyunturales reabran disputas normativas.
Sin embargo, los dirigentes territoriales desconfían del alcance del proyecto de ley en trámite y cuestionan la lógica industrial. Enzo Checura, dirigente de Atacama y miembro de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal manifestó que:
“Así como la Ley Longueira fue un traje a la medida de la industria pesquera, hoy la propuesta que trae esta moción parlamentaria es un nuevo traje a la medida, esta vez para seis embarcaciones industriales. Yo me pregunto: ¿por qué no le compran la jibia a la pesca artesanal, abren las plantas de proceso y dan el empleo que tanto pregonan?”
Para fijar la estrategia legislativa, la Bancada por la Pesca Artesanal convocó a los gremios a una sesión de trabajo realizada a las 10:30 horas en la Sala 301 del Congreso Nacional. El encuentro permitió alinear posiciones sobre la preservación de la Ley N°21.134 —norma que consagró la exclusividad de la potera y la línea de mano— y evaluar la agenda de protección social que el Ejecutivo comenzó a delinear desde el 5 de agosto.
Aunque la propuesta gubernamental de Red de Seguridad y Bienestar Social contempla avances en cobertura de salud, seguros de accidentes, previsión y la actualización del Registro Pesquero Artesanal (RPA), los representantes del mar enfatizan que el debate debe profundizarse para asegurar respaldo institucional permanente y un presupuesto sustentado en los procesos de licitación del sector.
Al término de la jornada, parlamentarios y dirigentes cerraron filas trazando un plan de acción unitario: vigilancia estricta al Boletín 18173-21, rechazo absoluto a cualquier indicación que reintroduzca el arrastre industrial en la jibia, y el fortalecimiento de los canales de comercialización y valor agregado sin descuidar el equilibrio ecológico del recurso ni las garantías sociales de los trabajadores artesanales.
