Trabajador fue golpeado, asfixiado y amenazado de muerte por Carabineros en 2020: Fisco deberá pagarle $100 millones
La noche del 28 de enero de 2020, en medio de una manifestación en Puente Alto, un trabajador se acercó a ayudar a una menor que estaba siendo golpeada por carabineros.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, en ese momento, los funcionarios lo atacaron, lo botaron al suelo y comenzaron a golpearlo con pies, puños y bastones, para luego detenerlo.
Durante el traslado en un vehículo policial, las agresiones siguieron. En un sitio eriazo lo obligaron a arrodillarse, lo insultaron y lo golpearon nuevamente.
Luego, uno de los funcionarios le puso un arma en la cabeza y preguntó quién quería dispararle, mientras otro manipulaba el arma, simulando una ejecución.
La violencia continuó después. Fue amenazado con agresión sexual, sometido a asfixia con una máscara alterada y golpeado dentro de la comisaría.
Producto de estos hechos, sufrió fracturas en las costillas y una perforación pulmonar que le generó riesgo vital, debiendo ser atendido de urgencia.
Estos hechos fueron investigados en un proceso penal, donde se dictó una sentencia condenatoria contra los funcionarios involucrados, lo que permitió dar por acreditadas las agresiones en el juicio civil.
El caso fue revisado por el Segundo Juzgado Civil de San Miguel, donde el juez Gonzalo Neira Campos concluyó que no se trató de un hecho aislado, sino de actos de extrema gravedad que constituyen tortura y vulneraciones a los derechos humanos.
En la sentencia se indica que los hechos “revelan una secuencia deliberada y sistemática de actos destinados no solo a causar dolor físico, sino a destruir psicológicamente a la víctima”.
El tribunal también descartó la defensa del Fisco, que intentó responsabilizar al afectado por participar en la manifestación, señalando que nada de lo ocurrido era una consecuencia previsible de su conducta.
Al fijar el monto, el juez consideró la gravedad de las agresiones, el riesgo vital de las lesiones y la ausencia de reparación previa.
Finalmente, el tribunal condenó al Fisco a pagar $100.000.000 por daño moral, más reajustes, intereses y las costas del juicio.
