El escándalo de FAMAE: Mil millones en indemnizaciones improcedentes, puerta giratoria y compras sin control
La reciente investigación de la Contraloría General de la República de Chile —contenida en el Informe Final N°750 de 2025— vuelve a colocar en el centro del debate público a la Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), una empresa dependiente del Ejército que históricamente ha estado rodeada de controversias administrativas y financieras.
El informe examinó procesos de desvinculación y recontratación de personal, además de adquisiciones de maquinaria, durante el período 2022-2024, revelando un patrón de irregularidades, que incluyen: indemnizaciones improcedentes por más de mil millones de pesos, recontrataciones inmediatas de funcionarios despedidos y compras de maquinaria por trato directo sin respaldo técnico ni financiero.
Más que simples errores administrativos, los hallazgos parecen configurar un sistema de gestión institucional que opera en los bordes —o derechamente fuera— de los principios básicos de probidad pública.
Indemnizaciones improcedentes
Uno de los hallazgos más graves detectados por la auditoría fue el pago de indemnizaciones millonarias a trabajadores desvinculados bajo la causal de “mutuo acuerdo”, figura que legalmente no contempla este tipo de compensaciones.
La auditoría estableció que:
-4 trabajadores desvinculados por mutuo acuerdo recibieron indemnizaciones improcedentes por un total de $103.160.710.
-Entre 2022 y 2024, se pagaron 63 indemnizaciones bajo esta modalidad, alcanzando un monto total de $1.000.301.917.
En términos simples, $1.000.301.917 del erario público fueron desembolsados sin fundamento legal claro.
El economista Douglass North sostenía que “las instituciones que toleran incentivos perversos terminan normalizando conductas improductivas y extractivas”. Lo que el informe describe parece encajar con precisión en ese diagnóstico… Un sistema donde despedir y pagar indemnizaciones injustificadas no genera sanción inmediata, sino que se vuelve práctica habitual.
La puerta giratoria laboral
El informe también detectó que algunos trabajadores que recibieron estas indemnizaciones fueron recontratados inmediatamente, incluso en el mismo cargo y sin un procedimiento de reclutamiento o selección.
Esta práctica plantea un problema evidente, cual es que la indemnización —que en teoría compensa la pérdida del empleo— se transforma en un bono de egreso sin salida real.
El sociólogo Max Weber advertía que el rasgo central de la burocracia moderna debía ser la impersonalidad y la selección meritocrática. Cuando las instituciones abandonan esos principios, decía, derivan hacia estructuras patrimoniales donde el cargo se maneja como propiedad de quienes lo controlan.
La compra de la máquina láser
FAMAE compró, en 2023, una máquina láser por $70.042.181 mediante trato directo, alegando exclusividad del proveedor por propiedad intelectual. Sin embargo, la auditoría detectó múltiples irregularidades: no se acreditó la exclusividad del proveedor, no se compararon ofertas alternativas, no se realizó análisis técnico-financiero y no se exigió garantía de fiel cumplimiento.
Como si lo anterior fuera poco, el equipo presentó fallas a los cuatro meses de uso, y estas volvieron a repetirse en abril de 2025, manteniéndose inoperativo hasta la fecha.
El rector Carlos Peña ha señalado en diversas ocasiones que los organismos públicos opacos tienden a operar bajo una lógica corporativa que diluye responsabilidades. En contextos así, afirma, “las decisiones técnicas se convierten en decisiones discrecionales”.
Asimismo, el informe apunta a fallas estructurales en los sistemas de control interno de FAMAE, especialmente en: gestión de recursos humanos, procesos de adquisición y supervisión de contratos.
Frente a los hallazgos detectados, la Contraloría dispuso que el Consejo Superior de FAMAE instruya una investigación administrativa para determinar responsabilidades, el envío de antecedentes al Ministerio Público de Chile y la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Conclusión
Episodios como este se suman a una larga lista de controversias que han afectado a organismos vinculados al mundo militar en las últimas décadas.
El historiador Alfredo Jocelyn-Holt ha sostenido que las instituciones armadas en América Latina suelen gozar de una autonomía histórica que dificulta el control civil efectivo sobre sus prácticas administrativas.
Asimismo, el filósofo político John Rawls sostenía que la justicia institucional depende de que las reglas se apliquen de manera imparcial y transparente. Cuando eso no ocurre, lo que se difumina no es solo el presupuesto público, sino la confianza misma en las instituciones.
Y cuando la institución cuestionada es una vinculada a las Fuerzas Armadas, el problema adquiere una dimensión adicional: no solo se pone en duda la eficiencia administrativa, sino también la coherencia entre los valores y reglas jurídicas que la institución dice respetar y promover, y las prácticas que realmente ejerce.
