Perro murió mientras estaba alojado en recinto que lo cuidaba: Dueños demandaron $2,3 millones y Corte fijó pago de $925 mil
Una mascota murió mientras estaba alojada en un recinto donde había sido dejada al cuidado de terceros.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, tras el hecho, sus dueños decidieron acudir a la justicia para exigir una indemnización por los gastos que —según afirmaron— debieron asumir a raíz de la muerte del animal.
Entre los montos reclamados incluyeron el valor de adquisición del perro, el pago por su alojamiento, los costos de una necropsia y la cremación, además de atenciones psicológicas y psiquiátricas que señalaron haber necesitado después del episodio, junto con honorarios de abogados.
La acción fue presentada ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes, donde se discutió la responsabilidad por el fallecimiento del animal y los distintos desembolsos que los demandantes afirmaban haber realizado.
Para respaldar su reclamación, acompañaron transferencias bancarias, boletas, informes médicos y recetas, con el objetivo de acreditar que los gastos tenían relación directa con el hecho.
Sin embargo, el caso llegó posteriormente a la Corte de Apelaciones de Santiago, que revisó el fallo y resolvió limitar el alcance de la indemnización.
El tribunal sostuvo que el daño emergente derivado de la muerte de una mascota debe circunscribirse únicamente a pérdidas económicas concretas y comprobables que afecten el patrimonio del dueño.
En la sentencia se explicó que, aunque los animales de compañía poseen un evidente valor afectivo para quienes los cuidan, desde el punto de vista jurídico pueden ser objeto de valoración económica.
En esa línea, el fallo indicó que “un daño en relación con ellas puede ser entendido como un empobrecimiento efectivo y una disminución real del patrimonio del dueño”.
Bajo ese criterio, la Corte descartó incluir los gastos por atenciones psicológicas, psiquiátricas y honorarios de abogados, al considerar que no se acreditó una relación causal directa entre esos desembolsos y la muerte del animal.
En cambio, sí estimó procedentes los costos directamente vinculados al hecho, como la adquisición de la mascota, su alojamiento en el recinto demandado, la necropsia y la cremación.
Por ello, el tribunal acogió parcialmente la demanda civil y fijó una indemnización por daño emergente de $925.000, (los demandantes pidieron $2.000.0000) monto que deberá pagarse debidamente reajustado.
Además, revocó la sentencia solo en lo relativo a las costas, al concluir que la demandada no fue completamente vencida en el juicio.
