La batalla judicial de profesora obligada por municipio a devolver $16 millones en asignaciones: Corte anuló orden
Una profesora que trabaja hace más de 15 años en el sistema municipal de Villa Alegre vio reducido abruptamente su sueldo en abril de 2025.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, ese mes recibió $882.705, cerca de $1.200.000 menos que lo habitual.
Al revisar su liquidación, detectó que el municipio había eliminado una asignación que recibía por coordinar el Programa de Integración Escolar (PIE) y, además, comenzó a descontarle dinero mensualmente.
La docente ingresó al municipio en 2008 y desde 2010 mantenía un contrato definitivo.
En 2021 fue designada coordinadora comunal del PIE y, en julio de 2023, la Municipalidad de Villa Alegre le otorgó dos asignaciones vinculadas a ese cargo: un incentivo profesional equivalente al 30% de la Renta Básica Mínima Nacional y otra por responsabilidad administrativa del 87%.
Sin embargo, el 25 de abril de 2025 el municipio dictó un decreto exento, mediante el cual ordenó descontar de sus remuneraciones un total de $16.103.933.
La decisión estableció que el dinero debía devolverse en 24 cuotas de $670.997 y una última de $671.933.
La profesora recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca, acusando que el municipio actuó sin iniciar un procedimiento administrativo ni darle la posibilidad de presentar descargos.
También sostuvo que el decreto no indicaba con claridad qué asignación quedaba sin efecto y que los descuentos comenzaron incluso antes de que fuera notificada.
La Municipalidad de Villa Alegre defendió su actuación señalando que ciertas asignaciones no correspondían legalmente a quienes trabajan en los departamentos de educación municipal y que su eliminación se ajustaba a dictámenes de la Contraloría.
La Corte de Apelaciones de Talca concluyó que la municipalidad actuó de forma ilegal. El fallo señala que al ordenar el reintegro del dinero el municipio “invalidó de facto” los decretos que habían otorgado las asignaciones sin seguir el procedimiento que exige la ley.
El tribunal explicó que la Ley N°19.880 obliga a escuchar previamente al afectado antes de invalidar un acto administrativo, lo que en este caso no ocurrió. La sentencia también indicó que se ordenó devolver dinero recibido “legítimamente y de buena fe”.
Por estas razones, la Corte acogió el recurso de protección y dejó sin efecto el decreto exento. Además, ordenó a la Municipalidad de Villa Alegre restituir a la docente los $16.103.933 descontados de sus remuneraciones.
