Durante su primera sesión de 2026, el Comité de Ministros se pronunció favorablemente sobre tres grandes proyectos que han generado polémicas y conflictos socioambientales en el país, según informó el Diario Financiero. Se trata de un gasoducto en Penco y Lirquén, una planta de gestión de basura industrial en Tiltil y obras habilitantes para edificios en las dunas de Concón.
En el caso del gasoducto GNL Penco Lirquén y la planta de basura CIGRI en Tiltil, mantuvo la aprobación que habían obtenido ambos proyectos, rechazando las reclamaciones de ciudadanos y autoridades locales que reclamaban por irregularidades o falta de consideración de sus observaciones en el proceso de evaluación ambiental.
En el caso del proyecto para habilitar cuatro lotes sobre las dunas de Concón, llamado Costa de Montemar IV, este atravesó un proceso de evaluación ambiental en 2024, y fue rechazado en julio por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA). La empresa apeló ante el Comité de Ministros que revirtió el rechazo y aprobó el proyecto.
El proyecto Costa de Montemar etapa VI, se trata de obras para habilitar 4 lotes con conexión a servicios básicos, la construcción de una escalera peatonal y la extensión dela calle Cornisa.
Se trata de obras habilitantes para luego poder presentar un proyecto para construir edificios en esos lotes, que son de los pocos que quedan como zona habitable dentro del campo dunar en el lado de Concón, y que no han sido declarados como área verde por el Plan Regulador Comunal.
Este proyecto ha conllevado un largo conflicto con abogados que defienden el Santuario de la Naturaleza que protege lo que queda del campo dunar de Concón, y que ha dado señales de colapso con los socavones que se generaron tras fuertes lluvias en 2023 y 2024.
El proyecto se ubica a menos de 80 metros del santuario, por lo que es parte de su área de influencia y por ende debía someterse a evaluación ambiental para descartar o hacerse cargo de los impactos sobre ese espacio protegido.
Las edificaciones fueron construidas casi en su totalidad sin evaluación ambiental, lo que le valió una sanción a la empresa titular Reconsa por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente en 2020.
En abril de 2024 se aprobó la instalación de una nueva planta de residuos industriales en Tiltil, despertando el enojo de autoridades municipales y de vecinos, ya que se trata de la 50° planta industrial contaminante que se instala en la comuna.
Vecinos y vecinas de la organización local Acción Ambiental interpusieron una reclamación ante el Comité de Ministros, que fue apoyada públicamente por el alcalde de la comuna.
El proyecto en cuestión es un Centro Integral de Residuos Industriales (CIGRI) de la empresa de capitales franceses Ciclo, que se dedica a “tratar la peligrosidad de una importante fracción de los residuos industriales que se generan en el país”, según se describe en el estudio presentado por la empresa. Allí pueden ir a parar residuos de la minería, combustibles, baterías, suelos contaminados con hidrocarburo y más.
Un informe del Colegio Médico destacaba ya en 2017 los efectos a la salud que podrían tener filtraciones de este proyecto en el aire, los suelos y el agua de la comuna. Estos van desde una mayor prevalencia de cáncer, hasta daños neurológicos, demencia y problemas de desarrollo fetal.
Más de la mitad de los residuos que se generan en todo Santiago ya van a parar a la comuna de Tiltil, ya que es una de las únicas zonas de la Región Metropolitana donde se permite este tipo de instalación.
“Tiltil presta un servicio a toda la Región Metropolitana, permitiéndose ahí la localización de infraestructura necesaria para el buen desempeño de las actividades productivas y residenciales. Pero lejos de recibir una contrapartida, la comuna presenta no solo una concentración de actividades molestas y peligrosas, sino que sus indicadores de calidad de vida y desarrollo también presentan una situación de desmedro respecto de los niveles nacional y regional”.
Así lo afirma un informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH), donde se manifiesta la deficiencia de servicios básicos para una vida digna en la comuna, como por ejemplo el agua potable, que para una buena parte de la comunidad llega en camiones aljibe; una solución parche que se volvió permanente.
“En el caso de Tiltil, queda en evidencia que los actuales instrumentos de ordenamiento territorial y la evaluación ambiental de proyectos, no abordan el efecto de la concentración de actividades industriales en los territorios ni pueden hacerse cargo de las consecuencias acumulativas de sus desarrollos”, concluye el informe.
El proyecto GNL en Penco y Lirquén ha despertado un largo conflicto socioambiental con organizaciones y autoridades locales de la zona que se oponen al proyecto. Esta iniciativa construirá un terminal marítimo para recibir, almacenar y procesar gas natural licuado, y un gasoducto submarino de 2.5 kilómetros más un ducto terrestre de 13 kilómetros para abastecer a industrias y hogares.
La municipalidad de Penco y organizaciones locales han presentado reclamaciones técnicas en contra del proyecto por su afectación a especies vulnerables de flora y fauna así como a la salud de las personas por la cercanía del proyecto con zonas pobladas.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, ha declarado que el proyecto no solo tiene deficiencias legales y técnicas sino que va en contra del modelo de desarrollo que se busca potenciar en la comuna, basado en la actividad portuaria, el turismo y la gastronomía.
Además de la reclamación ante el Comité de Ministros, vecinos y el acalde presentaron una causa en contra del proyecto que aún está en curso en el Tercer Tribunal Ambiental.
